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«Aún no hay estudios claros ni datos concretos, no sabemos todavía el impacto económico exacto que ha generado la crisis del coronavirus», reconoce Luis Miguel Rojo, delegado de Cáritas en Valladolid, pero lo que sí que aprecian las ONG que trabajan con los colectivos ... más desfavorecidos es que el «estallido» vivido durante los meses de abril y mayo ha dado paso a un verano moderado en el que la herida económica no ha sido «tan profunda» como se temía el sector en primavera.
El pago de los ERTE (con retraso de meses, pero el dinero ha llegado ya al 98% de los afectados), la reactivación de sectores como la hostelería y la recuperación de empleos en el servicio doméstico o el cuidado de personas mayores ha contribuido a que las peticiones de ayuda no hayan sido tan extraordinarias como se preveía justo en las primeras semanas después del confinamiento.
El Banco de Alimentos, que cerró el año pasado con 15.033 beneficiarios en la provincia vallisoletana, calculó en mayo que para este verano se podrían alcanzar los 25.000 usuarios. El incremento finalmente no ha sido tan elevado, se sitúa en torno al 15%, con 17.000 personas que precisan ayuda para llenar sus despensas. Son casi dos mil más que antes de la crisis provocada por el coronavirus y, aunque esta situación preocupa, está lejos de los peores augurios, como reconoce Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos en Valladolid.
«La situación ha cambiado un poco respecto a ese agobio que se vivió durante el confinamiento», añade Luis Miguel Rojo, con el temor de que esta ligera mejoría se convierta en espejismo a la vuelta del verano. El miedo a que se extiendan los rebrotes y haya que tomar de nuevo medidas que supongan un parón económico sobrevuela por las entidades del tercer sector.
«En verano siempre hay más actividad económica y contratos en sectores como la hostelería. Hay empleados que todavía están en ERTE, pero muchas personas han podido retomar su actividad. El problema es que esos ERTE se conviertan en ERE o en despidos a finales de año. Otro confinamiento puede acabar por completo con las pocas esperanzas que hay ahora», alertan desde Cáritas. En el Banco de Alimentos también temen esa destrucción de empleo que pueda llegar en septiembre. «Hay empresas que han perdido productividad y autónomos que lo están pasando mal», indica Mediavilla. Septiembre será clave. No solo por el fin de la campaña de verano, sino porque es un mes que suele llevar aparejados gastos extraordinarios para las familias, por ejemplo, con la vuelta al cole, y «es posible que el colchón con el que sobreviven muchos hogares no aguante esa situación», indica Rojo.
Entidades como Red Íncola intentarán recuperar en otoño el programa de becas que en los cursos anteriores ha ofrecido 600 euros de ayuda escolar para 45 chavales de familias con escasos recursos. Para ello, necesitarán apoyo y financiación ya que, ante la situación de urgencia vivida durante el confinamiento, parte del dinero previsto para esas ayudas al estudio se tuvieron que destinar de forma extraordinaria a otros programas, como el reparto de alimentos o el pago de alquileres y suministros. «Tendremos que ver cómo lo sacamos adelante, pero no podemos renunciar a esas becas», asegura Eduardo Menchaca, coordinador de Red Íncola, quien insiste en que la situación «ha mejorado un poco», aunque hay hogares que viven en el alambre, al día, y cuyas economías no resistirían el revés de un nuevo parón.
Entre los síntomas positivos, está el repunte en las ofertas de trabajo vinculadas con el empleo doméstico, un sector duramente castigado por la crisis del coronavirus. «Ahora, hay muchas familias interesadas en contratar cuidadores, para no tener que llevar a los mayores a una residencia. Estamos gestionando varias ofertas, aunque hay un problema y es que muchas están en el medio rural», indica Menchaca. Red Íncola ha convocado nuevos programas de formación en este sector ante el posible incremento de peticiones de profesionales.
Este diagnóstico de la vulnerabilidad llega justo el día en el que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2019 y que el Consejo Económico y Social (CES) ha desvelado los resultados de un estudio sobre el riesgo de pobreza en Castilla y León. Son dos fotografías previas a la crisis actual y que suponen un «mínimo» de la situación real, ya que habría que añadir «el impacto negativo del coronavirus, sin precedentes en la economía española», como explican desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). Carlos Susías, su presidente, recuerda que las previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a un crecimiento del paro que alcanzará el 20,8% para este año, lo que repercutirá «intensamente en las tasas de pobreza y de vulnerabilidad», que se pueden combatir con medidas como la del Ingreso Mínimo Vital.
Ante esta situación, el Consejo Económico y Social (CES) reclamó ayer la implicación de todas las administraciones para adoptar «medidas más visibles, integradas y coordinadas» para luchar contra la pobreza, con garantías de «una red de protección social eficaz». El CES mostró su preocupación por «la alta temporalidad del mercado de trabajo, la falta de inversión en políticas de formación y el reducido crecimiento de la productividad». También Unicef recordó que la situación de pobreza relativa se ha agravado con la pandemia y afecta a uno de cada tres niños en el país, lo que se traduce en que «se te rompan las gafas y no tengas dinero para comprar otras o no poder ir de vacaciones», según Gustavo Suárez, presidente de Unicef.
Encuesta de condiciones de vida (INE)
Riesgo de pobreza: El 12,9% de los hogares de Castilla yLeón se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que en 2019 se fijó en unos ingresos de 9.009 euros para los hogares donde vive una sola persona y de 18.919 para las familias con dos adultos y dos menores de 14 años.
