Vecinos de Castrogonzalo afirman que el menor acusado del crimen es «algo conflictivo» y apuntan a una infancia difícil

Esto significa que la instrucción por parte de la Fiscalía de Menores tendría que estar finalizada antes de esos nueve meses para que se celebre el juicio en el Juzgado de Menores. De lo contrario, el presunto autor del crimen saldría del centro después de este tiempo. No obstante, fuentes próximas al ministerio público señalan que, tal y como se está desarrollando la investigación, se espera cerrar las diligencias «en breve» para que la vista judicial pueda ser señalada lo antes posible.

Esta medida cautelar de internamiento en régimen cerrado fue tomada el pasado domingo por el Juzgado de Menores, tras haberlo solicitado la Fiscalía «al aparecer indicios de la comisión de un delito de asesinato». De hecho, es la Fiscalía la que hace la instrucción y el escrito de acusación. Una vez finalizada la investigación, será el Juzgado de Menores el encargado de dirimir sobre la posible responsabilidad del adolescente en los hechos ocurridos el pasado jueves en el municipio zamorano de Castrogonzalo y lo hará en una sesión a puerta cerrada por tratarse de una persona menor de edad. Hasta entonces, la Fiscalía de Menores continúa instruyendo el caso, según explicó ayer el fiscal jefe, Rafael de Vega, quien señaló que hay reserva de las actuaciones por tratarse de una persona menor. Además, el Juzgado tiene decretado el secreto de sumario.

Tras el juicio, la pena máxima a la que podría ser condenado el presunto autor del asesinato de Leticia Rosino, de 32 años, sería de 8 años de internamiento pero al tener 16 años, cumpliría esta medida en un centro de menores y, una vez alcanzados los 18, sería el juez el que decidiría si pasaría a una prisión. Esa medida de reclusión en régimen cerrado, que puede ser de 1 a 8 años de duración, se puede complementar con otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años, según recoge la Ley que regula la responsabilidad penal de los menores.

No obstante, el juicio se celebrará cuando la instrucción esté finalizada. De momento, las declaraciones ya están tomadas, pero hay que incluir otros documentos como el informe forense de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Zamora. El forense ya ha entregado el informe preliminar de la autopsia, cuyos datos no han trascendido.

En Castrogonzalo, el pueblo de la comarca de Benavente y Los Valles en el que ocurrió el crimen de la joven el pasado jueves, cuesta recuperar la normalidad tras la detención de un pastor de la localidad que fue puesto en libertad sin cargos y, después, la de un menor que es hijo de este vecino.

El alcalde, Joaquín García Neches, explicó ayer que los habitantes están igual que en los últimos días desde que se conociera la noticia «e incluso peor. Estamos estupefactos, abrumados, apesadumbrados y con rabia», manifestó. El municipio «está tocado», según sus palabras. Sobre el menor de 16 años internado en el Centro Zambrana, el alcalde de Castrogonzalo afirmó que era «algo conflictivo», pero que «nadie pensaba que pudiera ocurrir algo así».

Vecinos de la localidad han explicado que el menor presunto autor de los hechos «no ha tenido una infancia fácil», ya que vivía solo junto a su padre y un hermano, ya que su madre se marchó del domicilio familiar. Fuentes vecinales señalan que desde pequeños los hijos del pastor han trabajado cuidando y ordeñando las ovejas del negocio familiar e incluso un habitante del municipio recordó que el menor que ingresó en Zambrana era capaz de reconocer uno a uno los 300 animales con los que cuenta la explotación. Según los vecinos, el joven estudiaba en un centro para adultos de Benavente, aunque en este aspecto no se ha facilitado información desde la Delegación Territorial de la Junta en Zamora por tratarse de una persona menor de edad.

En Castrogonzalo, además, sigue habiendo presencia de la Guardia Civil, según explicó el alcalde, Joaquín García Neches, para evitar que pueda existir algún altercado. En este sentido, Marco Antonio Furones, abogado del pastor que fue detenido y puesto en libertad sin cargos, explicó ayer que insistió a la Benemérita para que se hicieran labores de control y estuvieran por el pueblo porque había «un clima social violento y conflictivo» y evitar así represalias contra el hombre que es vecino del municipio. «Está obligado a permanecer allí, es pastor y no le queda más remedio que trabajar allí», explicó, e insistió en que debe quedar absolutamente claro que el padre del menor no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos. «No tiene responsabilidad y es un crimen horrible, horroroso, y él está consternado porque es una situación dramática», afirmó el abogado.

Respecto a la investigación, el subdelegado del Gobierno, Jerónimo García Bermejo, destacó ayer «la profesionalidad, el rigor en el trabajo, la disciplina, la discreción y la fiabilidad que transmite la Guardia Civil en todas y cada una de sus actuaciones».