Una mujer enferma de ELA, primera eutanasia en Castilla y León

La eutanasia le ha sido practicada en su propio domicilio por un equipo médico del Sacyl, formado por un facultativo y un enfermero, que acudieron a cumplir con la prestación médica después de que se comprobara que la solicitud elevada por la propia enferma complía con todos los trámites exigidos, incluidos los preceptivos informes de la Comisión de Garantías, que el pasado día 20 de octubre dio su beneplácito.

A pesar de ser la primera persona en recibir la eutanasia en Castilla y León, en el conjunto de España ya han sido varios los casos desde que se aprobara la ley, en algunos casos relacionados con pacientes afectados por ELA, una enfermedad degenerativa e incurable. Ese es el caso, por ejemplo, de otra paciente con la misma afección que recibió la eutanasia en un hospital de Alicante hace justo dos meses.

Sin embargo, no era el primer caso que se tramitaba en Castilla y León. Fuentes de la Comisión de Garantías y de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) confirman al menos otras tres peticiones. Una primera en León, apenas unos días después de la creación del entramado legal de gestión por parte de la Junta de Castilla y León, en la que el médico inicial encargado del expediente denegó el proceso por «falta de un diagnóstico claro». El paciente recurrió a la Comisión regional que acabó denegando la prestación. Al parecer, el caso sigue pendiente de decisión. También constan otras dos demandas de eutanasia en Salamanca. La primera se cerró por la muerte del solicitante en el proceso de trámites, la segunda está todavía en la fase de informes médicos.

La Ley Orgánica de Eutanasia (LORE), conocida por algunos como 'ley de la buena muerte' entró en vigor el pasado 25 de junio, después de un agrio debate parlamentario en las Cortes españolas. La norma descentraliza la aplicación de esta prestación de la sanidad pública y obligaba a cada comunidad autónoma que creara su propia Comisión de Garantías para su correcta aplicación. En Castilla y León esta entidad está formada por 17 expertos, en el que la Junta ha buscado «un adecuado equilibrio» entre médicos y juristas.