Alejandro Fernández, en la viña del Llano de Santiago en el Monte Alto en Pesquera de Duero. Fran Jiménez

Las uvas de la discordia

Las cosechas de 2018 y 2019 siguen almacenadas en Pesquera hasta que la Junta decida si concede la tarjeta de viticultor a las hijas del bodeguero Alejandro Fernández

M. J. Pascual

Valladolid

Domingo, 27 de octubre 2019

'Qué ha sido de las uvas?' podría ser el título del último capítulo del Falcon Crest ribereño, dos años después de estallar en el Grupo Pesquera (ahora, Familia Fernández Rivera) la guerra por el control de la potente firma vitivinícola fundadora de la Denominación ... de Origen Ribera del Duero. El conflicto se ha enquistado y, según reconocen los representantes legales de ambas partes, la posibilidad de que el veterano bodeguero Alejandro Fernández y su hija pequeña, Eva, de un lado y, de otro, su todavía esposa, de quien está separado de facto, y el resto de sus hijas, lleguen a un acuerdo sobre el reparto de las bodegas, vuelve a estar lejos. «Ellos no quieren el acuerdo, lo quieren todo». Es la misma frase que, de un lado y de otro, utilizan para indicar que el principal escollo de la negociación es el control de la sociedad matriz del grupo, la joya de la corona: Alejandro Fernández Tinto Pesquera, a la que ninguna de las partes quiere renunciar.

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La guerra por el control del grupo se enquista y el acuerdo está lejos, dos años después de la salida del veterano bodeguero del consejo de administración

Para agriar más la situación, está la disputa judicial y administrativa por el destino del vino y las uvas que, según Fernández, le «robaron» en 2018 con supuestos contratos de arrendamiento falsos firmados por la presidenta de la sociedad, su todavía esposa, para conseguir del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero la tarjeta de viticultor. Las uvas de la campaña de 2019 también están como 'vendimia controlada' en manos de las sociedades en las que nada decide Alejandro Fernández desde marzo de 2018 y pasó, junto con su hija menor, a ser socio minoritario frente al bloque de la madre con sus otras tres hijas.

El representante legal de estas, Félix Pérez, sostiene, respecto del vino de 2018, que «se está criando» y «pueden venderlo cuando quieran» e insiste en que «no está retenido por el Consejo Regulador», en contra de lo que sostiene el abogado del bodeguero, José María Mohedano, quien apunta que hay abierta una investigación para determinar qué ocurre con ese vino y la tarjeta de viticultor, de la que es titular Alejandro Fernández, pero que las hijas reclaman. La pelota, desde hace meses, está en el tejado de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que tendrá que decidir finalmente sobre los derechos de la nueva 'tarjeta inteligente', a partir de la cual, explica Mohedano, se comprueba «toda la trazabilidad de la uva desde el principio hasta el final de la producción, pues se van introduciendo los datos en ella durante todo el proceso».

Dos años de pleitos judiciales

  • Acoso. La última denuncia de Alejandro Fernández ha sido en octubre por acoso contra dos de sus hijas. El juicio por delito leve se celebrará en noviembre.

  • La querella. El juez archivó la querella penal contra la mujer y las hijas por supuesto falseo de dos contratos de arrendamiento.

  • Imagen y marcas. Fernández ganó el pleito por la utilización no permitida de su imagen en la publicidad de las bodegas y el despido improcedente de su hija enóloga. Sigue pendiente la pugna por las marcas de los vinos en Madrid, pero la vía civil se ha paralizado hasta que se resuelva la penal.

Esta tarjeta de viticultor digitalizada, precisa, se utiliza por primera vez este año, producto de la aplicación de la directiva europea. La esposa de Fernández, en representación de las bodegas, tiene realizadas dos peticiones que fueron denegadas y están pendientes de resolución los recursos de alzada.

El dominio efectivo

Por el momento, el vino de ambas cosechas no se puede comercializar bajo el marchamo de la Denominación de Origen Ribera de Duero porque no está calificada y, según el letrado del bodeguero denunciante «hay abierta una investigación, así que no hay garantía de lo que pase con esas uvas», indica Mohedano quien calcula que, hasta final de año, no se sabrá nada. Por el contrario, el letrado de las hijas insiste en que es incierto que el vino esté retenido. «Se podría vender como Vino de la Tierra de Castilla y León o a granel», indica Pérez. Aunque con la consiguiente devaluación que ello supone, motivo por el que la bodega está esperando un pronunciamiento de la Administración.

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Respecto de la vendimia de 2019, la Junta tiene que resolver sobre quién, el padre o las hijas, tienen los derechos sobre la 'tarjeta inteligente'. Después del auto judicial que archiva por la vía penal la querella de los supuestos contratos falsos de arrendamiento porque considera que se trata de un asunto civil, este abogado subraya que «ha quedado demostrado que la posesión y dominio efectivo de las viñas es de las sociedades, que han pagado su renta y todos los gastos desde 1990». Sin embargo, el auto al que alude no es firme y ya ha sido recurrido por el equipo de abogados de Alejandro Fernández ante la Audiencia de Valladolid, que será quien decida si confirma el sobreseimiento de la querella contra la madre y las hijas o devuelve el asunto de los contratos al magistrado instructor para que continúe con las diligencias penales.

El conflicto llega a la Audiencia de Valladolid

En el recurso de apelación ante la Audiencia contra el

archivo dictado el pasado 7 de octubre por el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, Fernández mantiene que su mujer y sus hijas crearon dos contratos falseados de arrendamiento para privarle de la tarjeta vitivinícola. El perjuicio más evidente, expone el recurso, es que el denunciante «ha sido desposeído de sus propiedades en virtud de unos contratos de arrendamiento en los que se pacta una renta que es irreal». Además, indica, «se quiere hacer pasar las rentas que recibía de una de las sociedades (Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL) por el alquiler de una finca urbana, por las rentas que se devengarían a resulta del arrendamiento de muchas decenas de parcelas, todas ellas rústicas, plantadas de viñedo». Dichos contratos «simulados», fechados el 28 de febrero de 2018 y firmados por la esposa, de quien está separado de facto, pretenden «depredar el patrimonio de Fernández, a quien se desposee de sus propiedades durante diez años a cambio de una retribución ridícula o inexistente». Se sostiene que se redactaron 'ad hoc' para conseguir que el Consejo Regulador modificara la inscripción de las fincas que figuran a nombre de Alejandro Fernández y que expidiera a nombre de las sociedades la tarjeta inteligente de viticultor».

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