Las universidades públicas de Castilla y León perdieron un 10,9% de su profesorado en seis años

Dicen en la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE), que ayer presentó el informe estadístico basado en el curso 2016-2017, que el sistema precisa de una reforma urgente. Se demuestra, una vez más, que hay dos estilos claramente definidos en España, las privadas y las públicas. En las primeras, con la excepción de Navarra, se prima la docencia y en las segundas se intenta atender a impartir clase y a investigar. La diferencia se plasma en Castilla y León con una notoriedad palmaria. En los ocho años analizados, las cuatro universidades públicas (Salamanca, León, Valladolid y Burgos) realizaron 22.922 publicaciones científicas; las cinco privadas (IE, Miguel de Cervantes, Pontificia, Católica de Ávila e Isabel I), 649. Una diferencia que tiene mucho que ver con el número de docentes, especialmente de titulares y catedráticos, con el que cuenta cada una de estas instituciones.

En lo tocante a la relevancia de esas publicaciones, las públicas consiguen indexar sus artículos científicos en el primer cuartil (el de más valor dentro de las revistas científicas). Todas ellas sitúan entre el 45% y el 53% de sus investigaciones en ese rango de privilegio, algo que en las privadas solo alcanza la IE. La Universidad Europea Miguel de Cervantes logra un 28,9%.

No es algo propio de Castilla y León. La CRUE ya explica en su informe que «las universidades privadas tienen una clara orientación docente y, aunque actualmente suponen el 14% de los estudiantes, produjeron en el periodo 2007 a 2016 el 4,2% de los artículos científicos».

El profesorado es directamente responsable de estos resultados, obviamente. Las públicas mantienen unas estructuras de grupos de investigación muy consolidadas, pese a que se han resentido enormemente por la crisis y la bajada de recursos destinados a investigación. El informe estadístico alerta de la pérdida de profesorado durante los años de recortes, especialmente por la dureza de la tasa de reposición, que llegó a ser de un 10% (una plaza contratada funcionaria por cada diez perdidas por jubilación). En Castilla y León, con universidades públicas con algunas facultades notablemente envejecidas, ya que aumentaron su profesorado en los años ochenta de modo casi simultáneo, esa pérdida se cifra en el 10,9% del personal docente que existía en 2010.

Fuentes de la Junta de Castilla y León explicaron ayer, sin embargo, que las cifras absolutas han mejorado en los últimos dos cursos, que quedan fuera del análisis estadístico presentado por la CRUE ayer. De hecho, insisten, el número de docentes se ha equiparado ya al de 2010, si bien es cierto que con menos profesorado funcionario catedrático o titular.

Esto tiene incidencia directa en la investigación. Los profesores asociados, figura cada vez más común en las universidades, apenas realizan investigación. Esto se debe a que, en teoría, son profesionales en ejercicio que imparten horas de docencia relacionadas con su trabajo en la Universidad. Se corre el riesgo, por tanto, de mermar esa capacidad investigadora de las instituciones públicas.

También se ha perdido personal de administración y servicios, y en buen número en Castilla y León, un 9,1%.

Algunas cifras del informe sirven para comprobar tendencias que han brotado a partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior o plan Bolonia. Así, universidades locales generalistas como Valladolid o Salamanca atraen a los estudiantes de su entorno pero cada vez encuentran más complicado lograr que cursen los másteres en la propia universidad. Las familias tienden a realizar el esfuerzo de enviar a los hijos a estudiar fuera en ese año de especialización, ya posgrado, que aunque supone un mayor costo en cuanto a las tasas, porque son más caros, se ve como una inversión más asumible que estudiar toda la carrera fuera.

La Universidad de León está entre las que más arraigo logra con sus másteres. Un 61,4% de sus alumnos de grado cursa el máster allí. Es la segunda en toda España, pero es una excepción. La media nacional es del 29%.

Roberto Fernández, presidente del organismo, señaló que «el sobreesfuerzo en la etapa más dura de la crisis ha permitido a la universidad no perder posiciones pero se cirre el riesgo de que el barco se pare».