Ulibarri ante el juez: ni presiona, ni habla con alcaldes, ni lleva empresas

El empresario, según la declaración, evidenció en su declaración una defensa numantina de su inocencia desconociendo con certeza que la UDEF mantenía pinchados sus teléfonos desde hacía más de dos años lo que comprometía abiertamente las declaraciones realizadas en sede judicial.

En los autos que ahora han trascendido la figura del empresario queda abiertamente expuesta en el marco judicial: a un lado sus declaraciones negando los hechos al otro las escuchas realizadas por la UDEF que contradicen abiertamente sus afirmaciones.

En sus declaraciones el empresario asegura, según la documentación a la que ha tenido acceso leonoticias, estar al margen de cuestiones que pudieran ser delictivas. Así en su testifical se relata textualmente:

- «Que en Villaquilambre conoce al alcalde hace unos cuatro años, que no ha hablado nunca con el alcalde Manolo, que no ha hablado con nadie del Ayuntamiento de Villaquilambre, que cree que Ángel Luis ha hablado con alguien de Villaquilambre, que el declarante sepa no se ha hecho ninguna gestión».

- «Que sí conoce a alguien en el Ayuntamiento de León»

- «Preguntado si el declarante puede ponerse en contacto con políticos cuando tienen un problema las empresas manifiesta que no lo sabe, que si tiene contactos es porque le tocan, que su hija Adriana vende vino, que su hija no está en las empresas, que su hija se ha centrado en los medios de comunicación»

- «Que preguntado cómo usa los medios de comunicación para hablar de política manifiesta que tiene empresas como el Diario de Valladolid y el de Castilla y León, que no es cierto que usa los medios para un din determinado».

- «Que Florencio es el director de la tele de Valladolid, que no conoce a ningún Florencio»

- «Que el declarante no ha participado con Ángel Luis (El Patatero), que no ha tenido nada que ver ni es socio, que ha utilizado su nombre en falso, que no hay ninguna conversación del declarante con alcaldes. Que desde el año 2010 se quitó el declarante de la primera línea de las empresas y sólo supervisa, que el declarante no firma nada».

- «Cuando hay reticencias en los Ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre respecto a algún asunto manifiesta que no se ha tenido ninguna reunión con las alcaldesas para arreglarlo, que sí conoce al alcalde de Hospital de Órbigo».

- «Que en Ponferrada no conoce a nadie del Consistorio, que conoce a bastantes concejales del partido pero no ha tenido relación con casi ninguno»

- «Que Manovel es persona de confianza, que su función es económica, que supervisa el tema económico, que supone que no redacta contrato, que el declarante no manda a Manovel hacer gestiones, que desconoce si hablan de los pliegos»

Las exculpatorias declaraciones de José Luis Ulibarri chocan frontalmente con las grabaciones realizadas por la UDEF en las que se evidencia el control del empresario sobre los medios de comunicación (en este capítulo son especialmente reveladoras las mantenidas con el director de Diario de León, así como las conversaciones en las que se cita a responsables de Televisión de Castilla y León), sus reuniones con la alcaldesa de Ponferrada (con quien en la testifical afirma no tener vínculos) o las reuniones con la exalcaldesa de San Andrés del Rabanedo.

Igualmente contradictoria es su declaración respecto al uso de los medios de comunicación con los que el empresario afirma no tener relación y no usar los mismos como elemento de presión (el sumario revela de forma meridiana y en base a las conversaciones cómo presionaba a los políticos utilizando el poder mediático y con especial claridad cuanto se refiere a Diario de León donde da órdenes para 'apretar' a los políticos menos dóciles a sus tesis).

Debido a todo ello la Fiscalía atribuye a José Luis Ulibarri los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, inducción a la revelación de información privilegiada, inducción a la malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, cooperación a la falsedad documental por funcionario público y pertenencia a organización criminal.