La instructora del caso Ignis ha concedido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial, que investigan desde 2017 el supuesto 'cambiazo' de ataúdes en el servicio de incineración del grupo funerario El Salvador, la ... prórroga que habían solicitado para poder analizar y volcar los correos electrónicos de las tres cuentas de las sociedades de la familia Morchón.
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El pasado marzo, el Juzgado de Instrucción 6 autorizó la comprobación, análisis y estudio de estos correos electrónicos, tanto los localizados en las carpetas de recibidos y enviados como los que estuvieran en las carpetas de borradores o hubieran sido eliminados y tengan interés para la investigación de la supuesta estafa de los ataúdes, que habría afectado a más de 6.000 clientes y por la que están investigadas más de una veintena de personas.
La Policía Judicial solicitó el pasado 27 de marzo una prórroga tras haber analizado más de 26.000 correos al considerar «imprescindible poder contar con esta información de manera efectiva a lo largo de la investigación, por surgir nuevos datos que requieran una consulta de los mismos». Tienen un mes más para realizar una copia, pero la jueza recuerda que solo podrán analizar los correos recibidos hasta el día 27 de marzo.
Paralelamente, la defensa de las funerarias ha vuelto a solicitar al Juzgado la puesta en libertad sin fianza del fundador de las empresas y principal investigado, Ignacio Morchón, que permanece en la prisión de Valladolid desde que saltó la operación Ignis a finales de enero. La petición, que contempla subsidiariamente la libertad bajo fianza de 150.000 euros, se basa, además de en un informe médico, en una auditoria presentada por esta parte que, indican, invalidaría la «sobrefacturación» a la que alude el informe de Vigilancia Aduanera. Del estudio patrimonial de Senovilla, la principal proveedora de ataúdes del grupo El Salvador, los inspectores concluyeron que es una pantalla que utilizaba Morchón para dar cobertura legal al 'cambiazo' de los ataúdes. Sin embargo, la defensa sostiene que la relación mercantil entre ambas empresas era real y que si se realizaron facturas por un precio superior al del mercado fue para obtener, por parte de la funeraria, «un beneficio con la compensación en el Impuesto de Sociedades» pero que ello no supuso ninguna sanción.
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