El TSJCyL exonera a la CHD de pagar más de 265.000 euros a Iberdrola por dos aprovechamientos hidroeléctricos

Según informan desde el TSJCyL, Iberdrola pretendía que se condenara a la Administración a indemnizarla por la imposición de esos caudales y reclamaba 74.229,45 euros para el año 2016, 78.310,68 euros para el año 2017 y 112.670,58 euros para el año 2018. Además, pedía que se obligara a la CHD a abonar la indemnización para los años siguientes hasta la expiración del título concesional sobre la base de la fórmula de cálculo establecida en los informes periciales aportados con la demanda.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, establece que «teniendo en cuenta los títulos concesionales mencionados, ha de señalarse, en línea con lo afirmado por la Abogacía del Estado, que el establecimiento de los caudales ecológicos de que se trata no comporta en este caso la necesidad de la revisión de las concesiones mencionadas, pues el cumplimiento de aquellos está implícito en esos títulos concesionales».

Ls sentencia, consultada por Ical, también refleja que «la concesión al uso privativo del dominio público se otorga según lo legalmente establecido y no garantiza la disponibilidad del caudal concedido, como dispone el art. 59.2 TRLA. Por ello, como se señala en la condición 5ª del aprovechamiento de Vegacervera, la Administración no ha de responder por la falta o disminución del caudal concedido, proceda de error o de cualquier otra causa«.

Los magistrados explican que «en este caso, el establecimiento de los caudales ecológicos deriva no de la mera voluntad de la Administración sino de la Ley, de las citadas Leyes de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional. En este aspecto también ha de citarse la condición 17ª del aprovechamiento de Vegacervera de la que resulta que el concesionario queda sujeto a cuantas obligaciones se establezcan en las leyes y en los reglamentos».

Según explican «esto también sucede en relación con el aprovechamiento de Ambasaguas, en el que se establece que el concesionario está obligado a cumplir en la explotación las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial, para la conservación de las especies, lo que supone que tenía que respetar un caudal mínimo. Y el hecho de que el caudal ecológico establecido sea superior al mínimo previsto en esa Ley de Pesca Fluvial de 1942 no determina que la Administración deba indemnizar a la recurrente por aquel, máxime cuando casi la mitad del aprovechamiento -4.200 litros/segundo- fue concedido a precario en la mencionada resolución de la Dirección General de Obras Públicas de 14 de noviembre de 1959«.

La sentencia señala también que «el contenido de las cláusulas concesionales pone de manifiesto la subordinación de los citados aprovechamientos hidroeléctricos al interés público en general y al mantenimiento de un caudal suficiente para la vida piscícola en particular. Por todo ello, no procede la revisión de las concesiones que pretende la actora por los caudales ecológicos litigiosos, pues, utilizando las palabras del Tribunal Supremo en la citada sentencia de 20 de enero de 2015, con esos caudales la recurrente no deja de recibir la asignación debida en esas concesiones«.