Treinta mil castellanos y leoneses se quedan sin sucursal bancaria en un solo año

Según pone de manifiesto el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y catedrático de la Universidad de Valencia, la reestructuración del sector bancario español continúa reduciendo la red de sucursales repartidas por el territorio y en 2017 operaban en España un total de 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone el 40% menos que en 2008.

Según los datos del Banco de España, en diciembre de 2008 había en la región 3.180 oficinas. En diciembre del año pasado quedaban 2.040. En 2016 se produjeron 131 cierres, mientras que el año pasado, la cifra de clausuras descendió a 73.

Además, al problema de tener que esperar la llegada del autobús bancario y el cajero automático sobre ruedas con el que las entidades suplen el cierre de oficinas, el estudio del Ivie suma otro que también tiene que ver con la exclusión financiera y coloca a los habitantes del mundo rural en situación de desventaja o desigualdad con los de la capital. Se trata de los municipios y la población con oficinas de un único tipo de entidad de depósito.

De las 456 localidades de Castilla y León que sí tienen establecimiento bancario, este otro problema afecta a casi la mitad (206). En ellos viven 161.074 personas, que en la mayoría de los casos (148 pueblos con 126.384 habitantes, solo cuentan con oficinas de las antiguas cajas de ahorros, ahora bancos controlados por fundaciones bancarias.

Las entidades apelan a la digitalización para negar la existencia de discriminación financiera, pero la población de mayor edad no es precisamente la más ducha en el manejo de las aplicaciones informáticas. Y quienes sí lo son, no pocas veces tienen que lidiar con problemas de cobertura o velocidad de conexión.

Hace solo unos días, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, proponía una solución para que los ciudadanos que viven en los municipios sin ninguna sucursal puedan seguir contando con los servicios de diferentes entidades, basada en acuerdos de colaboración. Se trata de alcanzar «esquemas cooperativos de ofrecimiento de servicios financieros básicos», una fórmula consistente en programas pactados entre las entidades para que lleguen a los municipios sin oficinas de forma periódica –una o varias veces a la semana– «de forma rotatoria» para que todos los bancos se impliquen en evitar la exclusión financiera. «Los procesos cooperativos pueden tener sentido para el mundo rural en el que va a ser difícil que ya tengan acceso a la presencia bancaria física permanente», advirtió Roldán. Esta vía ya se ha puesto en práctica en países como Estados Unidos y Canadá. Roldán avisó de que el proceso de cierres no va a parar.

El estudio incide en que, como es lógico, el cierre de sucursales ha repercutido especialmente en los municipios pequeños, que han perdido todas sus sucursales. Y si según el análisis realizado por Joaquín Maudos, en 2016 (últimos datos disponibles) Castilla y León es la autonomía más afectada por la exclusión financiera, ya que el 16% de su población no cuenta con una oficina bancaria en su municipio, la exclusión es todavía más acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila. Más de la quinta parte de sus habitantes tienen que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.