Tranquilidad ante el anuncio de un tope de 60.000 euros por explotación en la PAC

No hay grandes perceptores de la PAC en Castilla y León. De hecho, según los datos publicados por el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA), gestionado por el Ministerio de Agricultura, en esta comunidad solo 1.500 perceptores recibieron más de 60.000 euros en pagos directos en el ejercicio de 2017. Es el 2% de los 74.995 registrados en esa estadística.

No obstante, la consideración general de los afectados es de satisfacción. No se ve con malos ojos. De hecho, en el documento de comunidad pactado entre la Consejería de Agricultura con las organizaciones agrarias, los partidos políticos y una treintena de colectivos sociales se recoge textualmente que «los pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependiera del empleo en la explotación».

Desde la organización agraria Asaja, su presidente Donaciano Dujo, advierte de que en la región «no hay grandes terratenientes, somos agricultores y ganaderos con propiedades pequeñas que a base de arrendar se van haciendo más grandes». Su teoría es que «cualquier tope en Castilla y León, si además tenemos en cuenta el empleo que se genera, no afectaría de manera considerable, sería netamente testimonial». Eso sí, «habría que tener en cuenta además a todas las formas asociativas». No obstante, teme que «en algunos casos que se vean afectados, lo que se haga sea que se dividan las explotaciones y queden por debajo de cualquier tope establecido».

Considera que el esfuerzo «lo debemos hacer en el mantenimiento del presupuesto, en las políticas verdaderamente productivas, en que no haya burocracia ni restricciones medioambientales que no se puedan cumplir agronómicamente».

Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, ve «bien» que se fije un techo «siempre y cuando se tengan en cuenta los puestos de trabajo que se mantienen» y aunque no entra en cifras concretas -«no sé si deben ser 60.000 o 70.000»-, asume que «son necesarios si hay recortes» y pide igualmente la diferenciación entre lo que es una sociedad ganadera cuyos titulares son, por ejemplo, dos hermanos, y lo que es cualquier tipo de sociedad con trabajadores a su cargo.

Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, aprecia igualmente que en función del empleo generado «no creo que queden por encima de ese dinero muchas explotaciones. Las habrá, pero generan puestos de trabajo y no les pasará factura». Su postura es que el límite «habría que modularlo por sectores y en función de la productividad», pero en cualquier caso «está bien que se genere el debate».

El director de Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas), Jerónimo Lozano, insiste en que la limitación en las ayudas «puede producir el fraccionamiento de las explotaciones en un mundo en el que se habla constantemente de dimensionamiento». Por otra parte, la postura que defiende es la de primar las ayudas «en función de la profesionalidad, a los verdaderamente protagonistas que son los agricultores a título principal, por eso hay que mirar criterios de productividad, de mano de obra y no fijarse solo en lo que es la explotación». En el caso cooperativo, las denominadas cooperativas de explotación unitaria de la tierra cobran una única subvención, «ahí están cientos de explotaciones, términos municipales y limitar en ese caso sería un craso error, un agravio».

La financiación de la PAC para el periodo 2021-2027 se va a ver reducida en un 5% según el planteamiento inicial de la Comisión Europea y en el caso de las ayudas directas, la caída sería del 3,5% para España. Hay cuestiones que todavía no se han precisado y de hecho, la pasada semana el PSOE apuntaba a un 13% de bajada real en esas ayudas directas, por lo que mezclando financiación comunitaria con el borrador que en unos días presentará Hogan, se contempla la introducción de esos 60.000 euros en la reforma como una manera de «mitigar posibles pérdidas», apreció el comisario. Además, apeló al interés por ser «justos en la distribución de los pagos» y por eso el posible ahorro que se obtenga con el 'capping' el Estado miembro podrá redistribuirlo entre las explotaciones familiares «que es el modelo europeo». En el borrador se expone así: «Los Estados miembros pueden utilizar el producto sobrante de la limitación en los pagos directos para financiar otras intervenciones pertenecientes a pagos directos desacoplados».

Gabriel Trenzado, director de Asuntos para la Unión Europea e Internacional, Promoción y Desarrollo Rural de Cooperativas Agroalimentarias de España, explica el argumento de la Comisión: «Siempre se dice que el 20% de los agricultores reciben el 80% de lo fondos y lo que se quiere es que se repartan mejor». En su opinión, «el argumento es débil porque se trata de explotaciones más profesionalizadas, más dimensionadas» y por lo tanto, «habrá qué ver porqué cobran más de 60.000 euros y qué hacen». Trenzado ejemplifica: «Hay cooperativas con 300.000 euros de ayuda pero que tienen 4.000 ganaderos detrás, los expedientes tienen caras. Si se plantea tal cual, va a ser lo más injusto».

Otra aclaración que hace, tal y como se expone en la filtración de modificación de la PAC, es que al montante global de las ayudas hay que restar «los salarios vinculados a una actividad agrícola declarado por el agricultor, incluidos los impuestos y las contribuciones sociales relacionadas con el empleo», o dicho de otro modo, como sugiere Trenzado: «Si un agricultor percibe 100.000 euros en pagos directos y cuenta con dos trabajadores que le suponen 60.000 euros, ya estás dejando a la explotación fuera del 'capping' porque son 40.000 euros».

El debate no ha hecho nada más que empezar: por un lado desde el punto de vista presupuestario y por otra parte, habrá que esperar a finales de este mes de mayo o primeros de junio para que Hogan presente de manera oficial su propuesta de reforma de la PAC lo que se va a traducir en varios meses de negociación. En un primer análisis, hay cuestiones que ya han llamado la atención y entre ellas está el término 'agricultor genuino' que «se debe definir para asegurar que ninguna ayuda compensatoria se conceda a aquellos cuya actividad agrícola forme solo una parte insignificante de sus actividades económicas totales o cuya actividad económica principal no sea agrícola, sin impedir el apoyo a agricultores pluriactivos», se puede leer en el borrador.