La trama eólica de Castilla y León cumple un año en el juzgado

Anticorrupción construyó sobre ese informe tributario su investigación, con tres equipos al mando del fiscal especialista en delitos económicos Tomás Herranz. El 9 de mayo de 2017, Verónica Marcos, que sustituía al frente del Juzgado de Instrucción número 4 al titular, Javier de Blas García –destinado en comisión de servicios al Tribunal Supremo–, admitió a trámite la querella de lo que ya se conocía en los medios de comunicación y en los foros políticos como la trama eólica.

En ese mismo auto, la magistrada declaraba la causa de especial complejidad para poder extender el tiempo máximo de instrucción y llamaba a declarar, de entrada, a 21 investigados y a los primeros 8 testigos (que hoy han superado la veintena). Abría el calendario de declaraciones, el 2 de junio, Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía y Empleo y exsecretario del mismo departamento de la Junta de Castilla y León entre 2002 y 2011.

Para la Fiscalía, Delgado es el actor principal de la trama y presunto autor de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales y otros tres delitos contra la hacienda pública. Le considera el 'inventor' de un nuevo trámite, la 'avocación', por la que todas las autorizaciones de los parques pasaban por él para, según la querella «beneficiar a personas con las que tenía especial relación y con quienes actuó concertadamente». Como el exdelegado de Excal y empresario radicado en Polonia, Alberto Esgueva, también investigado. El fiscal considera que fue el principal beneficiario y que 47 de los 81 millones fueron a sus sociedades, aunque él sostiene que está arruinado.

Rafael Delgado sostuvo durante su declaración que «después de seis años de acoso», tenía ganas de explayarse. Y lo hizo durante cinco horas de interrogatorio, en el que insistió en la legalidad del procedimiento administrativo y en que «el consejero decidía y yo me limitaba a seguir sus indicaciones». Acusó a su superior, Tomás Villanueva, de dar la «orden expresa» para que las eléctricas se repartieran la tarta eólica con empresarios locales y de crear la figura de la avocación para concentrar todas las autorizaciones en la Consejería.

Estas manifestaciones provocaron que el Juzgado llamara a declarar en calidad de investigado al exvicepresidente de la Junta, una comparecencia que fue señalada para el 18 de octubre. La muerte de Villanueva en su residencia de verano de la urbanización El Montico, el 7 de septiembre, fue un inesperado punto de inflexión que ha restado notoriedad mediática al procedimiento durante algunos meses, aunque la investigación judicial no ha parado. Ni siquiera con el cambio de jueces, el pasado marzo.

El primer testimonio de empresarios que apuntó a lo más alto de la cúpula de Economía y más allá, fue el de Javier Mozo, quien alertó en 2006 al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, por medio de una carta, sobre la paralización de sus proyectos eólicos. El promotor de la empresa Ibervento relató a la jueza que aspiraba a levantar 23 parques en Valladolid y Burgos en 2003 y que en 2006, desesperado, escribió a Herrera, porque sus parques no salían adelante, a pesar de estar muy avanzada la tramitación y de ser una empresa local, aunque con socios alemanes. Al final, recibió una llamada de Endesa, que le pagó 4 millones de euros y asumió deudas por otros 2.

La llegada a la causa de nuevas acusaciones particulares, representantes de empresarios que alegan perjuicios por haber sido expulsados de la tarta eólica, han dado impulso a las diligencias, que ya suman un ingente volumen de folios (digitalizados). Quedan todavía por llegar al juzgado informes muy importantes para la investigación relacionados con el supuesto blanqueo de dinero procedente de los parques. Las declaraciones continuarán el 25 de mayo.

«Tras miles de folios e innumerables declaraciones», señala, la sensación más extendida es «que la acusación va perdiendo fundamento». Insiste en que los funcionarios han evidenciado que «no hubo listas ni instrucciones» y «no se ha aportado prueba de que haya habido dádivas». Su intención es solicitar al juez que se archive la investigación sobre su patrocinado.

La investigación judicial, asegura, «deja clara la práctica mafiosa disfrazada de política oficial, y que fueron Villanueva y Delgado quienes controlaban el proceso». Todavía queda por esclarecer, apunta, «el alcance, los colaboradores, los beneficios y los otros destinatarios».