Las trabajadoras cobran de media 4.180 euros menos al año que los hombres

Las discriminaciones laborales, la brecha salarial, las diferencias en detrimento de la mujer en las prestaciones sociales, el techo de cristal, la exigua presencia en puestos directivos, los clichés, los episodios de acoso en el trabajo y, como no, la violencia machista, continúan en la recámara de las denuncias que colman de razones los actos de protesta convocados este viernes, así como de todos los prolegómenos que se suceden esta semana.

No en vano, «las mujeres son la cara del desempleo y de la pobreza», lamentó Pilar García, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de la Unión Provincial de Comisiones Obreras. Tanto ella como su colega en UGT de Segovia, Yolanda Lucía, secretaria de Enseñanza, Mujer e Igualdad, anuncian que ambos sindicatos se unen y apoyan las reivindicaciones de la plataforma del 8-M. Exigen a dos voces «una ley de igualdad retributiva para acabar con la brecha salarial de género». Esa grieta se agranda a favor de los trabajadores masculinos, que cobran en sus nóminas un 23% más que las mujeres segovianas empleadas. En términos contantes y sonantes, las centrales indican que mientras el sueldo medio de los hombres se sitúa en torno a 19.458 euros, el de las mujeres se queda en 15.278. Es decir, que para que se cumpla el anhelo de la equiparación salarial, las trabajadoras de la provincia tendrían que ingresar al cabo del año unos 4.180 euros a mayores.

Los portavoces sindicales matizan que son datos extraídos del ejercicio 2018; sin embargo la distancia ha ido poco a poco a más en los últimos años. Desde 2016, la brecha se ha acentuado casi tres puntos, ya que entonces era del 20,17%.

Yolanda Lucía Arcones precisa que esta desproporción es fruto fundamentalmente de las diferencias en el cobro de complementos laborales salariales, cuyo reparto de cuantías «discrimina» a las mujeres. En este sentido, la representante de Unión General de Trabajadores en Segovia apunta que la mujer recibe un 44% menos que un trabajador masculino en este concepto retributivo. Y ahí se fragua en buena parte la brecha contra la que se rebelan los sindicatos mayoritarios en particular y el movimiento feminista en general.

Otro botón de muestra que ejemplifica la falta de igualdad en las nóminas entre unos y otras es la tasa de actividad. La población femenina estaba al término del año pasado en el 50,2%, mientras que la masculina subía hasta el 63,3%. La tasa de empleo también es desfavorable para las segovianas, al situarse en el 44,6% frente al 58,4% de los hombres. Esto se traduce en que la tasa de paro es mayor entre las mujeres en la provincia, según revelan Comisiones Obreras y UGT. Así, dicho índice es del 11,1% entre las segovianas y del 7,8% entre la población masculina. A mayores, tres de cada cuatro contratos que se suscriben en el mercado laboral de Segovia son parciales, apostilla Yolanda Lucía, «y la mayoría los ocupan mujeres».

Las dificultades para la conciliación de la vida profesional y familiar se ceban con las mujeres, a tenor de otro dato aportado por las centrales sindicales. El 98% de las excedencias por cuidado de los hijos son solicitadas por las madres, puso de manifiesto la portavoz de UGT, quien expone que «se ha avanzado muy poco en un año» en material de igualdad de sexos desde la explosión social del movimiento feminista en el último 8-M.

En esta línea, su compañera en Comisiones, reivindica «la equiparación de los servicios remunerados de paternidad y maternidad». Al mismo tiempo, Pilar García, alerta de que los casos y consultas sobre acosos sufridos por mujeres en el puesto del trabajo van en aumento en la región, a tenor de los datos recabados por el propio sindicato.

Además de las administraciones, los dardos críticos sindicales también están dirigidos al sector privado. La portavoz de UGT se quejó ayer de la «resistencia empresarial» para elaborar y aplicar planes de igualdad ante «la pasividad de la patronal». Las dos centrales exigieron un refuerzo de la inspección para velar por el cumplimiento de la legislación en este campo, ya que las compañías con más de 250 empleados están obligadas a disponer y aplicar un plan de igualdad.