El teletrabajo no despega entre los empleados de la Junta tras siete años de andadura

El trabajo a distancia es terreno vedado para profesores y maestros, personal sanitario, agentes forestales o peones de carreteras, por ejemplo. Pero tendrían vía libre aquellos que lidian con el papel, redactando normativa, en funciones de asesoría, elaboración de informes o estudios y corrección de documentos, desde administrativos a informáticos o inspectores varios. Aquellos cuyo puesto laboral no implique atención al ciudadano o la necesidad de estar presente físicamente.

Han pasado más de siete años desde que los primeros 99 funcionarios de la Junta participaron en un plan piloto. Ahora hay 196 teletrabajadores en activo en la Administración autonómica, que fue pionera en la implantación de esta jornada no presencial. Y ha habido años con menos empleados públicos trabajando desde casa. «Ahora repunta un poco esa cifra», explica Marta López de la Cuesta, viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, cuyo departamento promueve un nuevo decreto para regular el teletrabajo en la Administración autonómica que verá la luz antes de verano.

«La implantación de la administración electrónica hace previsible que los puestos susceptibles de ser ocupados en régimen de teletrabajo aumenten», refleja el proyecto de decreto que está pendiente de que el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, lo traslade al Consejo de Gobierno de la Junta. Esa correlación entre la ‘e-administración’ y el aumento de los teletrabajadores no se ha dado en los últimos años.

La viceconsejera de Función Pública resalta que la evaluación del funcionamiento del teletrabajo «es favorable en su conjunto», con una valoración positiva por parte del 70% de los jefes de esos trabajadores y que es 'neutra' en otro 16% de los responsables y con un 90% de los casos en los que tener a un compañero o compañera trabajando desde casa no ha supuesto conflicto o roce con el resto de la plantilla de ese servicio.

«Facilita la conciliación entre la vida laboral y la familiar o personal, garantizando que la tarea que se encarga se hace sin menoscabo de lo que significa la prestación de un servicio público y sin coste para la Administración», resalta López. Es el trabajador el que debe poner el equipo informático y las conexiones que garanticen que puede desarrollar la tarea que le va a encargar su jefe y hacerlo en condiciones de seguridad y con garantías de confidencialidad sobre la documentación que maneje.

Desde su puesta en marcha han sido 611 los empleados públicos de la Junta que han solicitado trabajar desde casa parte de su jornada semanal. Una auditoría efectuada en 2016 por la Inspección General de Servicios de la Junta, con datos de 2015, reflejaba que se había denegado a 236 de los 534 aspirantes contabilizados hasta entonces, más de cuatro de cada diez.

El futuro decreto fija que las autorizaciones para trabajar fuera de la oficina serán por un año y que el empleado público podrá solicitar prórrogas anuales si así lo desea. Hasta ahora no había plazo de finalización, lo que podía generar conflicto y se producían más peticiones en un departamento en el que ya había teletrabajadores que ‘taponaban’ el acceso a los nuevos compañeros que lo solicitaban.

Con la nueva regulación entrarán en vigor estos plazos y en caso de que haya varios aspirantes y sea inviable por necesidades del servicio conceder este régimen laboral a todos se ofrecerá la posibilidad de establecer rotaciones voluntarias. Si no hay acuerdo, se aplicará un minucioso baremo de desempate que contempla puntos por la atención a familiares con discapacidad o dependencia, el cuidado de hijos menores de 12 años, problemas de movilidad del propio empleado, la distancia mayor de 30 kilómetros desde el domicilio al puesto de trabajo, que sea cabeza de una familia monoparental o miembro de un colectivo de especial protección.

El decreto obliga al jefe del teletrabajador a controlar diariamente que cumple la tarea encargada. Algo que se fija en un documento de compromisos para esas jornadas no presenciales, donde además se establecen los «periodos de interconexión» en los que el teletrabajador debe estar disponible para contactar con su supervisor o compañeros de trabajo.

Mariano Prieto, de CSIF, resalta la baja incidencia del teletrabajo en la Junta, hecho que atribuye a «la ausencia de una voluntad abierta de implantarlo como forma de trabajo entre los empleados públicos». Prieto señala que exige una implicación del jefe inmediato de trabajador en el reparto y la organización de la carga de trabajo y en la labor de control. El representante de CSIF, organización que se abstuvo en la valoración del nuevo decreto, explica que han pedido información sobre las causas del elevado número de denegaciones, «por cuestiones muchas veces subjetivas», y recuerda algún caso, como el de una trabajadora del Museo Etnográfico de Zamora, que llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia y perdió la Junta.

María Fernández, de CCOO, considera que la nueva regulación «nace casi obsoleta». A su juicio, reduce la orientación del teletrabajo a cuestiones de conciliación, cuando debería abrir más las miras. «A pesar de las buenas palabras, el decreto se queda corto», argumenta la representante del sector autonómico de CCOO, que apunta que mejorar «el pequeño porcentaje de trabajadores de la Junta acogidos a esta modalidad no presencial» requiere «campañas de información sobre la misma por parte de la Junta, a nivel interno, que no implicarían apenas gasto».

Desde UGT, Carmen Ámez, defiende que la nueva regulación mejora en general la que existe actualmente, que acota cuestiones que tendían a la subjetividad de la autorización o denegación y que es crucial hacer un seguimiento de las plazas susceptibles de trabajo no presencial, de su cobertura y de los resultados, algo que abordará una comisión de seguimiento «en la que reivindicamos participar».