El Supremo pospone su decisión sobre el adelanto del toque de queda en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, explicó el miércoles pasado, al presentar las alegaciones al recurso del Gobierno, que el Tribunal debía dirimir el asunto en cinco días, por lo que el primer paso en la resolución de este conflicto debería estar próximo.

Llegará, en todo caso, mucho después de que la medida entrara en vigor y sin que se pueda inferir, a la vista de las cifras, que haya sido decisiva en la contención de la pandemia, puesto que los números muestran que otros territorios han logrado bajadas de la incidencia acumulada similares o mejores con otras restricciones.

El 16 de enero fue el primer día con la movilidad restringida a partir de las 20 horas, por lo que este martes, cuando el Supremo finalmente se reunió para estudiar el caso, se cumplían 25 días. Tres semanas y media largas, camino de completar cuatro, gracias a que ninguna de las partes en conflicto ha tenido prisa para dirimirlo. El Gobierno no pidió medidas cautelarísimas, lo que habría forzado a una resolución exprés, en 48 horas máximo. En lugar de eso solicitó la suspensión cautelar, con lo que se abrió un proceso de diez días para recibir las alegaciones pertinentes y cinco días posteriormente para resolver, según indicó el propio Fernández Mañueco.

No es la primera vez que la política juega con los tiempos de la justicia en esta pandemia. El pasado 24 de octubre, la Junta decretó un toque de queda a las 22 horas que entró en vigor ese mismo día, sábado. El domingo 25, el Gobierno estableció de nuevo el estado de alarma y dio cobertura a esa restricción de la movilidad. El lunes 26, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el toque de queda del sábado al domingo. Argumentó que el Ejecutivo autonómico se había excedido de sus capacidades legales. Para el presidente de la Junta fue una muestra de anticipación y de lo necesario que era. En lo tocante a derechos fundamentales, se restringió la movilidad de los ciudadanos durante un día sin el respaldo legal necesario.