El proceso judicial por la hipoteca millonaria del Torreón de Lozoya aún tiene que vivir un nuevo capítulo. La sala segunda del Tribunal Supremo ha notificado a las distintas partes la providencia por la que admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la ... acusación popular de Izquierda Unida (IU).
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La nueva fecha de la que depende si al final se produce el enjuiciamiento o si por el contrario la causa queda sobreseída está ya marcada en rojo en el calendario de los representantes legales de la acusación y de las defensas. Será el 13 de junio.
Ese día está previsto que se reúna la sala, la cual estará integrada por cinco magistrados, incluido Andrés Martínez Arrieta, quien ejercerá la presidencia. Cabe destacar la presencia en ese quinteto de togados del que fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia entre los años 1998 y 2014, Andrés Palomo. Según exponen fuentes judiciales, los magistrados deliberarán si procede continuar con la causa penal y, por lo tanto, con el juicio oral que sentaría en el banquillo a los exconsejeros de Caja Segovia que aprobaron la hipoteca del Torreón, entre otros inmuebles. Es lo que persigue la acusación de IU.
O por el contrario, la sala del Supremo puede ratificar el archivo del proceso, su sobreseimiento y, por lo tanto, ratificaría el fallo que ya emitió el año pasado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia.
Alberto López-Villa, abogado de IU en los procedimientos referidos a Caja Segovia, recibe la providencia del alto tribunal como «una inyección de confianza», ya que el recurso de casación interpuesto pretendía, precisamente, no dejar morir la vía penal y enjuiciar a exdirectivos y antiguos consejeros de Caja Segovia por una presunta administración desleal cometida al aprobar una operación hipotecaria con Bankia valorada en 6,8 millones de euros y que colgó del Torreón de Lozoya el pesado yugo del préstamo.
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Izquierda Unida recurrió en casación la resolución judicial que deslegitimaba la acusación popular de la coalición política a raíz de que la Fundación Caja Segovia, que ejercía la acusación particular, se retirase del proceso penal. La entidad heredera de la Obra Social y Cultural de la extinta caja de ahorros sí ha mantenido abierto el frente civil de las indemnizaciones contra el consejo de la entidad que dio el visto bueno a la polémica operación del préstamo.
Cabe recordar que la decisión de abandonar la vía penal se produjo después de que la fundación alcanzara un acuerdo con Bankia por el que la institución que preside Javier Reguera quedaba liberada del pago del préstamo contraído por aquel consejo de administración.
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Los doce nombres que eludieron el banquillo a raíz de la resolución judicial son Atilano Soto, expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; además de Elena García Gil, Fernando Acebes, Juan Ignacio Antón, José Pablo Lozoya; María Concepción Monte, Alfredo Velasco, Antonio Rodríguez, y los diputados provinciales Miguel Ángel de Vicente, vicepresidente de la Corporación de Segovia; José Luis Sanz Merino (PP) y Jesús Yubero (PSOE). Todos ellos fueron exculpados de un presunto delito de administración desleal.
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