El Supremo anula el decreto que regula las residencias de mayores en Castilla y León

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han explicado que se trabajará para solucionar los defectos de forma y continuar con el actual modelo porque «nunca se ha cuestionado el modelo ni cuestiones de fondo».

Mientras se resuelve el resto de los recursos, la Junta trabaja para modificar los defectos de forma referentes a que no se habían cuantificado las ratios de enfermeras en el decreto ni se había dado audiencia a los colectivos implicados.

La idea de la Consejería es seguir adelante con el modelo a pesar de los cuatro recursos presentados por el Sindicato de Enfemería Satse, los colegios de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y un particular.

La denegación de este primer recurso de la Junta por parte del Tribunal Supremo ha dado la razón a Satse, que valora de forma positiva una sentencia que supone «un nuevo rechazo al decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León».

Satse ha criticado que la Consejería insista en seguir adelante con esta normativa, porque considera que «perjudicará notablemente la asistencia para los residentes».

El sindicato impugnó el decreto de 2017 porque entiende que suponía un cambio de modelo asistencial porque «despojaba a estos centros del carácter sanitario y regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar».

Desde la Junta defienden que el modelo que se está aplicando en Castilla y León es apoyado por la Federación de Atención a la Dependencia de Castilla y León (Acalerte) y por la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares).

Además, está siendo objeto de seguimiento por parte de otras comunidades autónomas para intentar implantarlo, según defienden desde la Junta.