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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó hoy al Gobierno central a extraer al lobo del Listado de Especies Protegidas (Lespre) «en 24 horas», y consideró que «las cosas se le ponen muy difíciles» con la decisión del Convenio de Berna, de recudir la protección estricta «a una simple protección».
«Es una decisión histórica que vincula a la Unión Europea, que ha sido la proponente de esta decisión, con el voto en contra únicamente de España y de Irlanda. Es un día muy importante, de apoyo de estos 50 países, a la ganadería, a la coexistencia de la actividad económica en el medio rural, de apoyo a las economías locales de nuestros pueblos y de apoyo también a la conservación del propio lobo», comentó Suárez-Quiñones, minutos antes de iniciarse el pleno de este martes en las Cortes, donde atendió a los medios en el hall del edificio parlamentario, según informa Ical.
El siguiente trámite, dijo, es que la Unión Europea modificará la Directiva Hábitat, que data del año 1992, que pasará al lobo al anexo quinto de protección simple, que permite a los estados gestionar la especie.
La primera consecuencia es que «si esto se hace, en el sur del Duero, donde regía una estricta protección por obligación europea, ya no va a regir». Esto es, tanto al norte como al sur Duero «se equipara el régimen del lobo en Europa», que es la petición histórica de la Junta. «Solo queda pedirle a los gobiernos como España que explique por qué tarda ni 24 horas en derogar la orden ministerial que catalogó el lobo en el Lespre. Porque si Europa ha querido que la gestión del lobo sea flexible, el Gobierno de España ha ido en sentido contrario», sostuvo.
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A su juicio, este régimen permite a la Junta y las comunidades del norte de España volver a gestionar «como lo hacían antes del año 2021, en que el Gobierno tomó esa decisión». «Se estrecha el círculo al Gobierno», incidió.
Además, sostuvo que existe otro elemento, el censo del lobo, cuyo resultado final es que «todas las autonomías reflejan un incremento muy relevante del número de manadas y del territorio donde está presente». Por lo tanto, prosiguió, con un lobo «en expansión, en un proceso muy favorable de población y con una Europa que de forma unánime dice que la gestión del lobo tiene que ser flexibilizada, ¿cuál es el argumento del Gobierno para mantener esta situación?» «Tendrá que explicarlo», anotó.
En este sentido, reclamó al Gobierno que «haga efectiva la decisión del Convenio de Berna» y recordó que está todavía pendiente de resolución un procedimiento ante el Tribunal Supremo de esta orden ministerial que incluye al lobo en el Lespre. «Si no lo hace, haremos todas las medidas políticas necesarias. «No nos queda otra», dijo, para añadir que «sería una desviación de poder que el Gobierno mantenga una decisión como esta que no tiene ninguna justificación ni explicación».
Por último, Suárez-Quiñones consideró que a la Junta «no se le ponen muy difíciles las cosas de cara a la gente, a los ganaderos y a las ganaderas, al medio rural, a nuestros pueblos». «No podemos estar todos equivocados». El Gobierno tiene que dirigirse por criterios razonables y sensatos, sino será una desviación de poder que no cabe en una democracia como la nuestra», reflexionó.
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