Soria se rebela contra las macrogranjas de porcino

En tres semanas han recogido 5.600 firmas en la plataforma online change.org. Ahora la plataforma ha abierto una página web porque pretenden hacer frente al proyecto hasta que los interesados desistan. «Desde la plataforma –relata Víctor Sahuquillo–, nuestra preocupación reside principalmente en el impacto que la ejecución de este proyecto puede tener en nuestro entorno más cercano. Queremos que las instituciones tengan en cuenta nuestras circunstancias particulares, y no solo la normativa aplicable para tomar esta decisión, como la cercanía al pantano de la Cuerda del Pozo, el impacto del vertido de purines, ninguna afección positiva al empleo en los pueblos afectados, y por supuesto el efecto negativo en el principal motor económico de la zona, que es el turismo».

Pilar Carús, vecina de Cidones, insiste en que «ya hay proyectos similares que han probado que las contaminaciones por nitritos en el agua son graves y sus efectos devastadores, como en Velilla, donde no pueden consumir agua del municipio y tienen que abastecerlos con cisternas».

Retoma la conversación Víctor Sahuquillo, quien apunta que «los productores defienden las granjas con la excusa de la promoción del empleo y la lucha contra la despoblación, cuando su efecto es el contrario porque por la propuesta de dos puestos de trabajo se obvia el grave impacto que puede tener en alojamientos rurales, empresas de turismo activo, hoteles, restaurantes, tiendas de alimentación, cuya principal fuente de ingresos es el turismo natural».

El vecino de Herreros Francisco Gómez va más allá cuando añade que «estas explotaciones no resuelven el problema de la despoblación que ataca a la provincia, llenar todo de cerdos que no fija población ni crea empleo no es la solución. Son cerdos que se crían aquí, dejando el desecho aquí, y que luego se exportan para que otros se los coman».

La explotación de Cidones, que se encuentra en estado de tramitación de la declaración de impacto ambiental, ha recibido casi un centenar de alegaciones, además de 4.500 firmas recogidas en papel en muchos pueblos de la provincia. El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recomienda a los vecinos «confiar en los técnicos; este tipo de granjas se rigen por una ley muy restrictiva y deben cumplir todos los requisitos, de lo contrario no salen adelante». Pero matiza el consejero que «si la decisión final no gusta a quienes se quejan de antemano, pueden recurrir a los tribunales, que para eso están».

En la misma dirección se ha pronunciado en varias ocasiones la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, al decir que «las explotaciones porcinas deben cumplir unas medias de seguridad bien delimitadas, con la última tecnología en sus equipos, que evitan riesgos sobre todo a la hora de acumular los purines».

En la plataforma también está integrado el alcalde de Cidones, Pascual De Miguel, quien pertenece a un grupo independiente. Manifiesta públicamente su oposición: «Yo defiendo el sentir de mis vecinos, y no hay derecho a esto, no queremos olores ni purines en nuestro municipio y mucho menos que se nos contamine el agua que bebemos».

No es la única explotación de cerdos que se proyecta en la provincia, ni tampoco la única polémica, puesto que los vecinos de Andaluz también han abierto una recogida de firmas 'on-line' contra una granja porcina de 2.685 madres. Un total de 13 explotaciones han iniciado expediente en la provincia de Soria, en total 48.468 cerdos más, de los que 6.385 son madres, que se sumarían a las 446.656 cabezas que existen en la actualidad repartidas en 201 instalaciones.

La provincia de Soria produce anualmente más de un millón de cerdos, que se venden en un 60% en territorio nacional, y en un 40%, en exportación sobre todo a países asiáticos. La sociedad Icpor Soria, constituida por Copiso e Incarlopsa, aglutina a la mayor parte de ganaderos de la provincia con el fin de abastecer a la cadena alimentaria de Mercadona.