Solo la subida del IPC para los centros que prestan asistencia social en Castilla y León

La consejera de Familia, Isabel Blanco, como hiciera su antecesora Alicia García, se ha abstenido porque «el reparto no es justo. No lo es que haya comunidades que simplemente suban el IPC, que del tramo extra no obtengan nada, como es Castilla y León y otras los suban todo. Tiene que haber criterios más allá de la población, tiene que haber unos criterios de solidaridad porque este reparto no es para la Junta de Castilla y León, es para las entidades del tercer sector que antes lo recibían por los proyectos que ellos presentaban. No era un reparto opaco ni arbitrario como ha insinuado alguna comunidad. Hasta 2016, eran las propias entidades las que recibían estos fondos y, en base a sus propuestas, se les asignaba la cantidad correspondiente el IRPF».

Blanco aseguró que esa discrepancia les forzaba a plantear una «abstención muy crítica» en la votación sobre esta medida planteada por el Ministerio de Servicios Sociales e ironizó sobre la importancia que el Gobierno central presta a la autonomía. Isabel Blanco insistió en la necesidad de establecer unos «criterios objetivos para decidir una aumento de fondos proporcional y no de la forma arbitraria. El dinero es para Cáritas, Cruz Roja o el Cermi», repasó.

La consejera también recordó la distribución de estos fondos para fines sociales pasó por Comisión del Consejo Territorial en marzo, con el compromiso de que saliera cuanto antes y hasta ayer no se ha impulsado. La Junta sacó ya el pasado mes de junio una convocatoria, y adelantó el dinero, más de 20,1 millones, para que el tercer sector tuviera los fondos que necesita para financiar sus programas anuales.

Así, el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, celebrado ayer en Madrid, aprobó finalmente el reparto por comunidades de 214,5 millones de euros para que las destinen a financiar programas de interés social dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. Este importe procede de la llamada 'X Solidaria' de la declaración de la renta, con cargo al 0,7% del IRPF.

Según explicó en rueda de prensa la secretaria de Estado de Servicios Sociales en funciones, Ana Lima, el reparto se aprobó por unanimidad de los representantes de las comunidades –no hubo votos negativos– y la cantidad corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos de la 'X Solidaria' de la renta de 2018. La cifra supone un incremento de casi 12 millones respecto al año anterior, según informa la agencia Efe.

El 18,86% restante de lo recaudado lo repartirá la Administración central en subvenciones de ámbito estatal. Por comunidades, Andalucía obtendrá 45,6 millones; Cataluña, 31,5; Comunidad de Madrid, 26,5; Castilla y León, 20,3; Comunidad Valenciana, 18,1; Galicia, 13,9; Castilla-La Mancha, 11,5; Aragón, 8,9; Canarias, 7,6; Extremadura, 7,4; Región de Murcia, 7,3; Asturias, 4,4; Islas Baleares, 4; Cantabria, 2,7; La Rioja, 1,6; Melilla, 1,3; y Ceuta, 1,2. En el reparto no figuran País Vasco ni Navarra.

En cuanto a la Ley de Dependencia, otro de los puntos del día, la responsable autonómica criticó que este Consejo no tuviera en su orden del día la financiación de la ley y el hecho de que la Junta costea el 76,4%, cuando debería de ser al 50% con el Gobierno central.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, también se mostró ayer muy crítica con el Plan Nacional de Alzheimer aprobado en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Insistió en que «apoyamos que haya un plan; pero «debería ir acompañado de financiación, memoria económica o, al menos, un avance presupuestario a tres años. Es un punto que se ha metido última hora, que tiene mucha letra pero sin números. No puede ser que el Ministerio decida qué actuaciones se realizan y que las comunidades paguen», lamentó. Además, criticó que su contenido no haya sido consensuado con las comunidades qué son las que al final prestan estos servicios».

Según el Ministerio, «recoge objetivos y medidas transversales para mejorar el diagnóstico de la enfermedad, la atención a las personas afectadas y a los familiares».