Los sindicatos detectan «improvisación» en el retorno de funcionarios a las sedes de la Junta

La operación retorno de la Junta afecta principalmente al personal que lidia habitualmente con el papel, bien por tareas administrativas o por informes y asesoramiento, o que atiende al público y no son sanitarios ni docentes. La Consejería de la Presidencia elaboró a primeros de mayo una guía general, que remitió al resto de departamentos para que programasen la vuelta del personal. Debía primar el criterio de seguridad y hacerse de forma lo suficientemente paulatina como para garantizar que no habría aglomeración en las oficinas y despachos: con turnos, trabajo desde casa y fórmulas mixtas con días presenciales y teletrabajo.

«Hemos comprobado que ha habido descoordinación, como temíamos, porque había consejerías que tenían la planificación bien estructurada, incluyendo planos sobre la distribución de trabajadores en los espacios, y otras que se han regido por documentos que apenas eran una declaración de intenciones», señala Mariano Prieto, presidente del sector Autonómico de CSIF. Coinciden en esa visión Ernesto Angulo, coordinador del Sector Autonómico de CC OO en Castilla y León, y Tomás Pérez Urueña, representante del área de servicios públicos autonómicos de UGT. «La puesta en marcha no ha sido ejemplar, hemos visto improvisación y contradicciones, descontrol», remarca el ugetista.

Angulo enumera cuestiones como el aviso para volver a trabajo presencial de empleados considerados especialmente sensibles por edad, embarazo o patologías médicas y también a funcionarios que estaban teletrabajando, ya que tenían estipulado que podían seguir desarrollando su tarea a distancia. En esta primera quincena no se podía sobrepasar el 50% de personal en el mismo departamento, situación que se ha dado, por ejemplo, en Servicios Sociales, según apuntan los representantes sindicales. Muchas de las consultas y quejas que han recibido los sindicatos son de esta gerencia. «Son cuestiones que confiamos que se solucionen en días», afirma Angulo.

«No es que dependa ya de cada consejería, es que la decisión de quién y cuántos vuelven la toma cada jefe de servicio», subraya Pérez Urueña, que destaca la preocupación añadida que genera para conciliar un verano con incertidumbre sobre los campamentos infantiles.

Mariano Prieto echa en falta una puesta en común previa, con margen para introducir aportaciones, de la planificación con los sindicatos, «que aquí no se ha dado y sí en otras comunidades».

Fuentes de la Consejería de la Presidencia emplazaron el análisis del desarrollo de este inicio de la desescalada interna a mañana, martes 2 de julio..