Las seis claves del macrojuicio del PGOU de Valladolid

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Duración. El presidente del tribunal calcula que las vistas se sucederán hasta el 23 de noviembre. Además de las declaraciones de los 14 acusados, entre los testigos comparecerán el exalcalde de la capital vallisoletana Francisco Javier León de la Riva y varios exconcejales, además de arquitectos, técnicos municipales y funcionarios.

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Penas más altas. La Fiscalía solicita las penas más elevadas para los integrantes de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid en 2003. Pide que se impongan penas de 4 años de prisión y multas de 37.800 euros, así como inhabilitaciones de 19 a 43 años al exconcejal José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe de área Modesto Mezquita y el exjefe de Planeamiento José Luis Cerezo Bada. La acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores 'Antonio Machado', solicita seis años de prisión para el ex responsable de Urbanismo.

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Los 'inductores'. Para los empresarios, promotores inmobiliarios y administradores societarios, supuestos inductores de la modificación irregular del PGOU, la acusación pública pide, en los casos más graves de falsedad y tráfico de influencias, 2 años y medio de prisión, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación. Es el caso del promotor Gonzalo Jolín, Ramón Herrero, María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado (Área Especial SL). José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana (Parkosa) se enfrentan, respectivamente, a dos años de prisión. José Luis y Eduardo González Torres (Grupo Capitol), a ocho meses de prisión cada uno. Para las defensas, funcionarios y cargos públicos e inductores no pueden estar en el mismo plano penal y piden que se reduzca la condena solicitada para ellos.

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Operaciones inmobiliarias. La modificación irregular del principal documento urbanístico habría permitido favorecer, entre otras, operaciones inmobiliarias en la Avenida de Madrid y la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica harinera La Perla, así como modificar la catalogación protegida de un edificio para demolerlo en Bajada de la Libertad y cambiar el uso industrial a residencial en parcelas de Arca Real.

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La denuncia. En 2008, el PSOE decidió plantear una denuncia por las modificaciones del Plan General de 2004 ante la Fiscalía. La Consejería de Fomento de la Junta, que aprobó el Plan después, atribuyó a «errores materiales» la alteración de cerca de 50 artículos que permitían aumentar la edificabilidad en determinadas parcelas y autorizar más viviendas de las inicialmente previstas en otras.

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Donde empezó todo. El pleno del Ayuntamiento acordó en sesión plenaria del 7 de marzo de 2003 aprobar provisionalmente la modificación del PGOU y lo remitió a la Consejería de Fomento para su aprobación. El Consejo de Urbanismo y Ordenación del territorio detecta deficiencias y condiciona la aprobación a que se subsanen. Según la acusación particular, la cúpula de urbanismo «introdujo deliberadamente diversas alteraciones que no tenían relación alguna con las subsanaciones requeridas por la Junta y resultaban beneficiosas para determinadas personas o colectivos». Se da la circunstancia de que en la vía de lo contencioso, el TSJ apreció que esas alteraciones fueron «deliberadas».