Segovia se rebela contra la decisión de la CHD de extinguir las caceras históricas

La última reunión celebrada hace unos días por la Noble Junta de Cabezuelas puso de relieve el malestar, el rechazo y la preocupación de los usuarios de las concesiones ante los planes de la CHD, que el pasado 14 de febrero dieron un paso más con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las intenciones del organismo de cuenca. La pretensión no es otra que la anulación de las concesiones históricas y revertir esos caudales sobre el Estado. De materializarse, desaparecerían buena parte de los usos agrícolas u ganaderos, advierten las partes contrarias a la extinción.

El salón del la ermita de San Cristóbal de Segovia se quedó pequeño. La expectación era máxima para tratar de comprender el movimiento de la CHD. La abogada ejerció también de docente y convenció a los asistentes de que la Comisaría de Aguas ha actuado «con falta de transparencia». Pilar Esquinas concretó esa opacidad en el incumplimiento de la entidad reguladora de informar sobre todo el expediente y de colgar el documento en la web de acceso libre, «algo que no se ha hecho».

Asimismo, cuando la Confederación Hidrográfica del Duero se ha reunido con administraciones implicadas en el proceso, como el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, «tiene la obligación de levantar acta de lo que se ha tratado y esas actas no se han entregado». Con este arsenal de argumentos en contra de la extinción de las concesiones de las caceras del Cambrones y de Navalcaz, los participantes en la asamblea de la Noble Junta de Cabezuelas asumieron la necesidad de contrarrestar la medida antes de que se agote el plazo de información pública en la que se encuentra. Ayer al mediodía, la abogada confirmaba que se habían contabilizado 150 alegaciones, aunque se esperan muchas más hasta el día 14.

Esquinas deja entrever que detrás del intento de «quitar los derechos históricos» que los vecinos poseen sobre el aprovechamiento de las concesiones de Navalcaz y Cambrones está «el favorecer intereses de otros, ya sean instituciones, ayuntamientos o constructoras, por ejemplo». La abogada habla a partir de otras experiencias similares que se están produciendo en España y en las que posiblemente sobrevuelan «intereses especulativos».

El embrión de este conflicto está, en buena parte, en «el banco de agua que se está creando de cara a 2021», bosqueja la letrada. Para entonces, las confederaciones han de cerrar un catálogo concesional. Por lo tanto, dentro de ese marco de actuación la CHD deberá valorar para la zona de Segovia que se asegure un empleo racional de acuerdo con la ley vigente y los usos y costumbres, deduce la representante legal.

Sin embargo, ese plan hidrológico para la cuenca del Duero se fundamenta «en unos cálculos que están mal hechos, los datos no son correctos», lo que influye y desvirtúa las asignaciones de agua a las concesiones. Pilar Esquinas advierte a los responsables de la CHD de que esas presuntas irregularidades «están tipificadas» legalmente.