Santiago Mena, fiscal superior: «Las nuevas denuncias por la gestión sanitaria será difícil que prosperen»

En esta era del coronavirus, constata el hasta hace poco fiscal jefe de Burgos, las querellas políticas han sido desplazadas por las derivadas de la gran tragedia de las residencias de mayores, que suman ya más de 3.300 muertos. Ahora, en la segunda ola, las fiscalías provinciales se enfrentan a un incesante goteo de denuncias contra Sacyl por la supuesta desatención de otros enfermos, los crónicos no covid.

–Las familias y los trabajadores de las residencias acudieron con grandes expectativas a la Fiscalía y ahora expresan su frustración porque la mayoría de las diligencias han sido archivadas.

–Cuando una persona acude a la Administración de Justicia con un problema, el principio de tutela judicial efectiva se cumple desde el momento en que se atiende y se resuelve el problema, aunque el resultado no satisfaga. Los que tomamos la decisión tenemos que entender que los ciudadanos se sientan frustrados porque no coincide su pretensión con el resultado. Y es más frustrante si cabe porque afecta a algo que está siendo muy duro, muy personal, Cada caso es distinto, pero es cierto que la mayoría se han archivado y las presentadas en algunos juzgados, también, porque con los argumentos penales que tenemos no se puede acusar a alguien. Son situaciones trágicas que han ocurrido, pero la solución que ofrece la fiscalia es simplemente utilizar los parámetros penales, los principios generales del Derecho Penal. Dicho eso, intentamos generar tranquilidad y sosiego; se le dice al denunciante, mire usted, hay otros mecanismos, se puede ver si hay responsabilidad patrimonial de la Administración, responsabilidad civil de las residencias... Pero ahí la Fiscalía no tiene las competencias. En la vía civil nosotros seguimos estando ahí a través de los expedientes gubernativos de vigilancia y control de las situaciones de las residencias. Esto se hace siempre, y ahora más si cabe, porque son las obligaciones del ministerio fiscal para intentar ver que se cumplen los mecanismos de atención y sociosanitarios a los residentes y si se detectan irregularidades, actuar. Pero no siempre va a ser la vía penal. La frustración de los ciudadanos es entendible, pero nuestra obligación es cumplir con los requisitos penales e intentar explicar qué se hace con esos criterios. Sé que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos no son aceptadas por alguna de las partes porque siempre hay alguien que pierde.

–Les siguen llegando denuncias por la gestión sanitaria en la pandemia de otro tipo de casos.

–Tenemos bastantes y siguen llegando. Solo en Burgos, con datos de esta semana, hay cinco y otra en ciernes. Multiplique por nueve provincias. Prácticamente hasta ahora todas las de residencias se han archivado y el cariz de las que vienen va por ese camino, hay dificultades para poder exigir responsabilidades penales. Pero quedan abiertas otras vías para delimitar si la actuación de la Administración sanitaria fue la adecuada al gestionar y dar prioridad a una especialidad en lugar de otra, el control de acceso a un servicio o el resultado de una mala praxis.

–Destacó en su discurso de toma de posesión la función del fiscal como defensor de los más vulnerables más que la de acusador.

–El fiscal, de todas las cosas que hace, el menor porcentaje es el de acusar; se extiende más en la protección de las víctimas en general. No hay otra institución que tenga esta función expresamente encomendada, ninguna otra, nadie. Se nos llena la boca con las oficinas de las víctimas, que está muy bien, cuantas más, mejor, pero ya está el ministerio fiscal. Lo que hay que hacer es dotarle de más medios. Que sepa la ciudadanía que gran parte del trabajo es la protección de menores, mayores, víctimas de violencia de género. El fiscal es protector en cuanto a garante y valedor de los derechos de la gente. Quiero que cambie la percepción de que lo único que hacen los fiscales es meter a la gente en la cárcel. Bueno, nosotros no, los tribunales. Yo sí me creo que nuestro trabajo puede mejorar la vida de la gente, ponérselo más fácil.

–Usted mismo reconoce que la Fiscalía Superior es desconocida hasta por los vecinos de Burgos, donde tiene su sede desde hace 13 años. ¿Para qué sirve?

–Es una figura que se crea para cumplir los principios constitucionales, ya que en todas las comunidades autónomas había órganos equiparables a los del Estado, el Tribunal Superior de Justicia se creó en 1989. El fiscal de la comunidad es el superior jerárquicos de los fiscales jefes de Castilla y León y tiene conocimieno de todo lo que derive de la Administración, como los casos de aforados y todo lo que conozcan las salas del TSJ. En el plano organizativo, los fiscales superiores nos ocupamos de la dirección y coordinación de los fiscales provinciales de toda la comunidad, dictamos instrucciones y coordinamos las memorias anuales, además de la interlocución con las autoridades y. fundamentalmente, con la Junta de Castilla y León.Y del enfoque hacia donde queremos ir en esta región, de marcar las pautas de qué es lo preferente.

–¿Y cuál va a ser lo preferente en esta etapa para Castilla y León?

–Somos una población muy envejecida y dispersa en esta comunidad y esto también nos afecta a nivel de medios materiales y personales. El problema es que no tenemos autonomía presupuestaria y dependemos del Ministerio de Justicia y de su ránking de comunidades. Necesitamos desde unidades orgánicas de policía a nivel de investigación en la propia Fiscalia Superior hasta un gabinete de prensa. Y, desde el punto de vista de los funcionarios y fiscales, ajustar el sistema de trabajo a la realidad de los tiempos, pero valorando en cada momento la situación de cada fiscalía. Y, desde el punto de vista de los medios materiales, el definitivo despliegue de las oficinas fiscales en el territorio y coadyuvar a que se acabe de desarrollar el famoso expediente judicial digital de la forma más completa posible. La Fiscalía de Castilla y León ha sido pionera, hemos conseguido cosas que ahora se nos reconoce en otros territorios y ahora, por efecto de la pandemia, la posibilidad de trabajar desde casa.

–La tecnificación judicial de una administración anclada en el siglo XIX ahora acelerada por fuerza de la pandemia.

–El proceso de digitalización ha sido a costa de mucho sufrimiento de todos, jueces, fiscales y funcionarios. Lo hemos pasado muy mal, porque cuando se hacen cosas novedosas sin ningún precedente estás al albur de lo que vaya surgiendo cada día y hemos tenido que solucionar muchos problemas sin medios. Yo he visto llorar a gente de impotencia en esta época. No es palabrería, es verdad, ha sido así. En 2010, la primera oficina judicial de España se puso en Burgos y es donde mejor ha funcionado. Si ahora somos una especie de referencia es porque la gente de Castilla y León somos así de responsables y trabajadores.

–Pero tampoco se ha conseguido el papel cero en los juzgados, más bien se ha duplicado en algunos órganos.

–No sé si hay más papel que antes en los juzgados. Costará un tiempo más, pero es la tendencia. Hay gente que no se acostumbra y por los hábitos adquiridos, tira de papel aunque no sea necesario. Pero en las fiscalias cada vez menos y se va notando ese esfuerzo por hacer las carpetillas de forma digital. Efectivamente, el fiscal no puede ir a un juicio con su 'surface' si luego en la sala no hay wifi adecuado, pero ya se va resolviendo. No me quiero meter con nadie, pero si uno sale en la televisión diciendo papel cero sin explicarlo, el ciudadano cree que al dia siguiente desaparecerán esas carpetonas con la cuerda floja (lo de la cuerda floja no es metafórico). Son procedimientos de años atrás que van así y todavía pueden verse por los juzgados, así que el ciudadano piensa qué papel cero ni papel cero. Pero cada vez hay menos.

–¿Cree que es viable en esta legislatura que el fiscal asuma la instrucción de los delitos en lugar de los jueces tal y como plantea el Gobierno en su anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

– Cada vez estamos más cerca, eso está claro. Aunque yo llevo oyéndolo desde hace 33 años, cuando yo estaba en la Facultad de Derecho de Valladolid, cuando los leones eran pequeños. (Risas). ¿Esta vez sí? Espero que sí. Ahora tiene que seguir el procedimiento ordinario, los acuerdos, esto es transversal, debe haber un consenso, si bien ya parece que existe, porque el anteproyecto que se presenta ahora es casi repetido del de 2011 y estaba asumido por casi todo el mundo. ¿Conclusión? No sé si le dara tiempo desde el punto de vista de plazos. Pero, aunque el modelo está más o menos asumido, que es anacrónico el juez instructor, el escollo viene con el reglamento, ha fracasado el mecanismo de llevarlo a la práctica: quién va a instruir, que criterios hay que seguir, si se modifica el Estatuto Fiscal, cuántas personas: con 2.500 fiscales no se puede traspasar la instrucción. es inviable. Hay 5.500 jueces. Si cambiamos el modelo, estos van a dejar de hacer esa función, así que el asunto tiene su enjundia reglamentaria. No sé como se hará, pero no tenía que ser tan complicado. Lo que voy a decir será seguramente polémico: pero se puede hacer un trasvase de jueces periódico que se conviertan en instructores, a la manera de Italia.

–Cree usted que muchas denuncias que llegan a las fiscalías de Castilla y León se usan como arma politica?

–Hay cierto goteo, pero ni mucho menos es el aluvión que llegó a partir de 2008, no solo en Castilla y Leon sino en todos los sitios, no sé si como consecuencia de la crisis económica.

–¿Los fiscales llegan a sentirse utilizados políticamente?

–Hay de todo, pero cuando tiene una querella de un partido, rápidamente se ve. Pero con eso ya contamos. Se discrimina y se procura dar respuesta a la denuncia con los parámetros que tenemos. La Justicia, en general, no es permeable a la politización, Esa es mi impresión.