La Policía y Sanidad entran en iDental y requisan los historiales de los pacientes

La intervención policial se realizó en presencia también de personal de la Consejería de Sanidad y de acuerdo con el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que inició las primeras diligencias por dos denuncias de mala praxis. Con la orden judicial, los agentes requisaron decenas de historiales que depositaron en cajas, y que se mantendrán en depósito en la Consejería hasta que sean clasificados para la posterior entrega a los afectados. Se trata de una documentación que los pacientes reclamaron hace más de 10 días a los responsables de iDental, cuyo personal no ha dado señales desde el cierre el pasado 13 de junio. La confirmación de esta intervención la realizó por la tarde el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a una representación de afectados y miembros del Colegio de Odontólogos de Valladolid. En la reunión, propiciada por el procurador en las Cortes de Castilla y León de IU-Equo, José Sarrión, el consejero confirmó que se necesitarán varios días para que el personal de la Junta ordene y clasifique esta documentación, con el objetivo de entregarla a los pacientes.

Aunque se estima por parte de las asociaciones de afectados de Valladolid que el número personas que pasaron por la clínica desde octubre del 2015 podría ascender a 12.000 pacientes, la cifra y el estado de los que han visto interrumpido su tratamiento se desconoce actualmente.

«Es por ello que hacemos un llamamiento a todos aquellos que han pasado por esta clínica para que comuniquen con Sanidad o presenten denuncias en las Oficinas de Consumo, para así poder disponer de un censo real de afectados», explicó Begoña Rodríguez, portavoz de la asociación Adafi.

El consejero Sáez Aguado reconoció durante el encuentro la gravedad de la actuación de esta clínica, y añadió que en Castilla y León se han presentado 51 reclamaciones, 45 de ellas en el ámbito sanitario y seis en dependencias de Consumo. IDental tenían otros dos centros en Salamanca y Segovia, que también han sido clausurados dejando a decenas de pacientes sin concluir el tratamiento.

Begoña Rodríguez señaló que pese a lo sucedido en los últimos días, «la Junta ha actuado, junto con la Policía, con la celeridad requerida para este caso».

Durante el tiempo que duró la reunión con el consejero, un grupo de afectados se concentró a las puertas de la Consejería de Sanidad. Sáez Aguado indicó que, aunque los centros de Castilla y León contaban con los permisos de apertura –uno de ellos incluso abrió antes de estar en posesión del mismo–, en los tres años de funcionamiento fueron objeto de trece expedientes sancionadores.

Para este miércoles está previsto que personal de Sanidad mantenga una reunión en Madrid en la que participarán representantes de otras autonomías, en las que iDental tenía abiertas clínicas, y que también han cerrado sus puertas. Se espera que la Audiencia Nacional lo asuma.