Castilla y León y España, en estado de alarma desde mañana por el coronavirus

La localidad de El Espinar, en Segovia, empezó a detectar ayer la llegada masiva de residentes en Madrid que aprovechaban el lapso entre un país con diferentes situaciones de contención y contención reforzada, cuajado de matices según las regiones, y un país en estado de alarma. Porque eso es lo que será mañana España y, por inclusión, Castilla y León, que hoy ha conocido que la situación en León había evolucionado a peor, que en Burgos seguía el crecimiento del número de casos positivos y que padeció sus tres primeros fallecimientos, dos mujeres de 89 y 98 años y un hombre de 81.

Lo que hoy eran sugerencias drásticas de la Junta de Castilla y León se convertirán, desde la promulgación del Real Decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros, en obligaciones ineludibles. Se sugería el cierre de comercios, centros de ocio, bares, restaurantes y todo lo que no sea abastecer de comida y de medicinas a la población. Se solicitaba a los municipios de la comunidad autónoma que suspendieran el transporte urbano colectivo desde las 00:00 horas de hoy. Se pedía a la población que restringiera en lo posible sus desplazamientos.

«Es una decisión que debe articular el Gobierno de España».Esa era la respuesta del Gobierno autonómico respecto a si podía imponer una especie de 'toque queda' forzoso a la población, o suspender la actividad comercial y de ocio por propia iniciativa, más allá de la actuación voluntaria de muchos empresarios. «En función de la contestación que se nos dé se tomarán las medidas oportunas. Mientras se toma la decisión, extrememos la responsabilidad individual», decía Alfonso Fernández Mañueco.

Así que Castilla y León se lo pidió al Gobierno de Pedro Sánchez de forma oficial, por carta, por la mañana: decrete el estado de alarma. Ciudadanos y Partido Popular hicieron lo mismo a nivel nacional. Y el Gobierno cedió. Eso sí, sin decretar medidas excepcionales de restricción de movimientos para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ni concretar nada más allá del anuncio de que hoy el Consejo de Ministros, de forma telemática, aprobará el qué y el cómo de este estado de alarma que obligará a movilizar todos los recursos disponibles, incluido el Ejército.

El Gobierno de Murcia fue ha sido contundente hoy. El Hospital de Los Arcos, en La Manga del Mar Menor, se encontraron con un paciente de 88 años que llegó de Madrid, donde ya presentaba síntomas, con coronavirus. Viajó en tren. La contestación del Gobierno murciano incluyó el 'cierre' de varias localidades turísticas, con medio millón de afectados, y la decisión de obligar a los que lleguen a mantenerse en cuarentena durante catorce días.

En Castilla y León, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cree que el medio rural está preparado para asumir la posible avalancha de 'hijos del pueblo' que busquen un lugar tranquilo donde pasar el periodo de alarma, especialmente aquellos que provengan de Madrid y País Vasco, dos de las zonas con más afectación por el coronavirus. Son, precisamente, las dos comunidades en las que más castellanos y leoneses de nacimiento residen: unos 170.000 en el País Vasco y en torno a 400.000 en la comunidad de Madrid.

«En este caso la dispersión juega a nuestro favor», reiteró la consejera de Sanidad, un mensaje que se ha repetido estos días desde la Junta de Castilla y León. «Pero sí es cierto que estos días pueden aparecer varias personas en los pueblos y, si son jóvenes o niños, hay que tener mucho cuidado, porque nuestros mayores son los más frágiles y podemos tener problemas. Hay que extremar las medidas de higiene, distancia...», señaló Casado, antes de adentrarse en la situación de los médicos en esas zonas habitualmente despobladas. «El número de profesionales que tenemos en el medio rural es muy alto. Tenemos un volumen importante [de personal sanitario], esto es una ventaja a la hora de poder abordar este tema. Y el plan de contingencias es similar en atención primaria rural y urbana. Estoy tranquila si todo el mundo hace lo que tiene que hacer», concluyó.

La Junta acabó por obedecer las recomendaciones del Gobierno respecto a la suspensión de las clases en los centros educativos, aunque se diría que a regañadientes. A Francisco Igea, incluso, le disgustó que la Universidad de Salamanca y la de Valladolid se anticiparan unas horas a la decisión. «Nos hubiera gustado que se hubiera esperado, había habido algún caso en la USAL. Entendemos a veces la precipitación del momento. Entendemos que en este momento, tal y como hacemos nosotros con el Gobierno y como hacen con nosotros los ayuntamientos, es importante mantener la solidaridad y la unanimidad», señaló Igea.

Previamente, el vicepresidente de la Junta había reiterado que Europa consideraba que no era una medida con una eficacia comprobada. «Si mandamos a medio millón de personas a casa sin medidas de contención social, estamos contribuyendo a difundir la enfermedad», señaló.

Sin embargo, durante la semana se ha insistido en la necesidad de reducir los desplazamientos mientras ese medio millón de alumnos utilizaba, por ejemplo, las 1.954 rutas de transporte escolar, 854 de ellas combinadas con viajeros 'regulares', que cada día movilizan a 34.115 alumnos y 875 acompañantes; o llegaba a los centros escolares en los coches de sus familias, formando aglomeraciones a horas punta.

Castilla y León fue la última comunidad autónoma en dar el paso. En la Universidad de Valladolid, los alumnos de Filosofía y Letras hacían constar el jueves su malestar por tener que acudir a clases con cerca de 60 alumnos por aula, mientras se suspendían actos académicos con menos afluencia.