La sangría del pequeño comercio de Castilla y León: 75 cierres al mes este año

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha cifrado en más de 5.000 la pérdida de comercios en España a finales de año, de los que 900 habrán bajado la persiana en Castilla y León, lo que equivale a una media de 75 comercios cerrados al mes en la comunidad.

UPTA ha advertido, además, de que esta crisis afecta «de manera aún más dramática» a las localidades de menos de 50.000 habitantes, donde, según las estimaciones de la organización, la pérdida de comercios se puede llegar a duplicar con respecto a la de las grandes urbes.

Entre las diversas causas de esta situación apunta a la competencia desleal generada por «agresivas promociones comerciales» como los 'días sin IVA', que ve fraudulentos desde el punto de vista fiscal o prácticas de publicidad engañosa, y las 'liquidaciones de stock', «que favorecen a grandes superficies, cadenas y plataformas online, dejando al pequeño comercio sin margen de acción».

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha lamentado la situación de «auténtica selva comercial» en la que «sólo sobreviven los más fuertes y el pequeño comercio no tiene ninguna posibilidad de competir«. »Si no se pone remedio desde el punto de vista legislativo, con una normativa férrea que regule la venta online y proteja a los comercios locales, acabaremos con la vida comercial de los pueblos pequeños que están encaminados al empobrecimiento social de sus entornos«, ha augurado.

Y respecto al «mes del Black Friday», aclara que los consumidores prefieren hacer sus compras en las grandes superficies o plataformas online, que pueden ofrecer «descuentos mucho más atractivos que un pequeño comercio con márgenes más ajustados«. »Uno de los principales problemas es la falta de regulación en el comercio online a nivel europeo, que permite a empresas extranjeras vender productos en España sin aplicar impuestos o sin someterse a las mismas normativas que los comercios nacionales«, ha explicado.

UPTA ha propuesto una reglamentación uniforme que regule las ventas transnacionales y los impuestos correspondientes o, la imposición de aranceles específicos a las empresas que venden en España a través de plataformas online, para asegurar un nivel de competencia justo y ha reclamado «una acción legislativa urgente» que regule estas prácticas y proteja al pequeño comercio, especialmente en las zonas rurales y localidades pequeñas.

Finalmente, ha recordado que las plataformas de venta de productos de segunda mano como 'Wallapop' o 'Vinted' operan sin ningún tipo de fiscalidad y reconoce que aunque estas iniciativas pueden tener sentido desde un punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, «la falta de control fiscal está fomentando una economía sumergida». «Muchas de estas transacciones entre particulares están destinadas a la reventa de producto, lo que contribuye a la evasión de impuestos y al deterioro de la competitividad del comercio local», ha concluido.

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