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La pandemia ha hecho aún más evidente un problema enquistado en Castilla y León, y en la mayoría de España, como es la escasez de personal para hacer efectiva la labor de vigilancia de aguas, alimentos, mataderos, investigaciones e inspecciones en general además de vacunaciones ... o cribados y ese largo etcétera que supone la lupa de la Salud Pública para adelantarse, para prevenir. Y muy en particular en situaciones de epidemia.
La directora de Salud Pública de Castilla y León, Carmen Pacheco, reconoció ayer en su comparecencia en las Cortes la falta de profesionales de la Red de Vigilancia Epidemiológica. «Es verdad y eso no lo voy a negar que los recursos en este aspecto son escasos, llevamos mucho tiempo tratando de que aumenten, pero es evidente también que, en la comparación con el personal de Sacyl, en Salud Pública estamos en un clara desventaja y esto nos pone en jaque».
Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, este departamento cuenta actualmente con 49 profesionales –24 médicos y 25 enfermeros–. De ellos, siete en servicios centrales y, el resto, repartidos por cada provincia en sus servicios territoriales en función de su población. Salud Pública ya ha realizado un estudio de necesidades que implica la ampliación en uno o dos profesionales de cada categoría profesional citada y en cada provincia, con la excepción de los servicios centrales, hasta sumar 15 médicos y 10 enfermeros más para las secciones de Epidemiología. Son las previsiones de ampliación de personal, algunas incluso convocadas, pero suspendidos los plazos precisamente por el estado de alarma. Una carencia al margen de las necesidades actuales de rastreadores en Atención Primaria.
Pacheco defendió, no obstante, frente a algunas acusaciones de los grupos de la oposición, que esta carencia de personal «no quiere decir que la vigilancia epidemiológica haya fracasado. Al contrario, la red desde primer día ha detectado no solo casos sino también brotes; no solo en el ámbito comunitario sino también en el de las residencias y así se han estudiado;pero esta es una situación excepcional. Con los recursos humanos que tenemos y la magnitud de la epidemia realmente llegó un momento en que no se daba abasto para atender las llamadas y situaciones. Por eso cuando la epidemia va avanzando, la red actúa en fase de contención y llega un momento cuando ya es de transmisión comunitaria que pasa al sistema asistencial». Así la responsable de este departamento defendió haber intervenido cuando correspondía y ahora en «la nueva fase que viene ahora. Y ello sin dejar de admitir que, desde luego, los recursos son escasos. Es una queja de todas las comunidades».
Repasó además que en estas secciones «se ha atendido a todas las consultas recibidas, dando respuesta durante las 24 horas del día a todos los problemas planteados, tanto por los profesionales sanitarios como por el 112, las residencias o la población general».
Entre el 27 de enero y el 26 de febrero, día anterior al primer caso confirmado en Castilla y León «se habían atendido a través del Sistema de Alertas Epidemiológicas, 78 consultas sobre esta enfermedad» y del 27 de febrero al 14 de marzo, «se respondieron 637 alertas por casos en investigación y más de 150 consultas acerca del virus».
La directora de Salud Pública compareció ayer en las Cortes a petición del PSOE para repasar las actuaciones de su departamento, no solo relacionadas con el coronavirus sino también del resto de tareas habituales que, aseguró, que no se habían descuidado. Precisamente la portavoz socialista, Inmaculada García, recriminó a la directora de Salud Pública no haber dispuesto de personal de su departamento como veterinarios y farmacéuticos tal y como había reclamado el sindicato Uscal.
En su repaso cronológico, la doctora Pacheco destacó que su departamento, el 28 de enero, ya había comunicado la existencia de un riesgo importante, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia.
El ascenso de la curva en Castilla y León se comenzó a observar el 13 de marzo, con 77 nuevos casos confirmados, alcanzando el pico máximo el día 26 de marzo, con 644 nuevos casos. Desde el 27 de marzo, explicó que «no se observa un patrón claro, con descensos que coinciden con los fines de semana y otros cambios relacionados con las modificaciones en la definición de caso». Destacó que la Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia entró en vigor el día 11 de mayo. «En esta nueva fase, la vigilancia epidemiológica y la identificación y contención precoz de las fuentes de contagio siguen siendo pilares fundamentales de la estrategia para comenzar la desescalada hacia la situación de nueva normalidad». Un camino hacia la normalidad que pasa, como es sabido, por varias fases y criterios que Pacheco volvió a detallar.
La responsable autonómica de Salud Pública también aludió, ya en el debate parlamentario, al empleo del ozono para desinfectar instalaciones y espacios. Explicó Carmen Pacheco que «hay ahora una alta demanda; pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de biocidas y que no son inocuos y hay un reglamento europeo que lo regula». Explicó que su empleo «ha generado mucho debate» y que su utilización es válida siempre y cuando «no haya personas. No pueden ser túneles u arcos por donde pase gente», recalcó.
Asimismo indicó que tanto la página web de la Consejería de Sanidad de Castilla y León como del Ministerio recogían información al respecto, con un listado de biocidas y una utilización adecuada.
Aseos públicos
Por otro lado, y con respecto al uso de los aseos públicos de los diferentes establecimientos, Pacheco aclaró que «claro que pueden ser utilizados. Se pueden usar pero hace falta limpieza y desinfección, por este orden, y hacerlo con más frecuencia ahora. Son normas de siempre que ahora hay que reforzar».
No solo la portavoz del PSOE cuestionó los malos resultados comparativos de la evolución de la pandemia de Castilla y León con respecto a España sino también Pedro José Pascual, del grupo Mixto, que cuestionó el retraso en reaccionar y «la falta de previsión» que ha llevado a la carencia de equipos de protección individual, entre otros aspectos. Incluso desde el PP, socio de gobierno de Ciudadanos (partido responsable de la Consejería de Sanidad), Alejandro Vázquez criticó que «por mirar al lado asistencial se perdió de vista el problema de Salud Pública, repasó la necesidad de contar con test suficientes y los malos datos, salvo los de manejo hospitalario, de la comunidad frente a otras autonomías y reclamó que se destinen recursos suficientes para contar con una red proactiva.
La responsable autonómica de Salud Pública,carmen Pacheco, repasó en su intervención el papel de Castilla y León en los estudios clínicos. A este respecto destacó que «se ha mantenido una comunicación constante con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y los comités de ética de la investigación con medicamentos, en cuanto a la adopción de medidas excepcionales aplicables a los ensayos clínicos y estudios observacionales, para gestionar los problemas derivados de la emergencia por Covid-19».
Entre los ensayos clínicos que se están realizando en Castilla y León, destacó que se encuentran activos cinco relacionados con este virus. De ellos, cuatro destinados a evaluar la eficacia de diferentes terapias o tratamientos no licenciados. También destacó que se trabaja en un ensayo «destinado a evaluar la prevención en profesionales sanitarios tratados con diferentes fármacos, que se está realizando en nueve hospitales de la comunidad, el llamado Proyecto Epicos».
Asimismo, repasó que la Red Centinela ha establecido, desde el día 9 de abril, un programa especial de registro con el objetivo de estimar la incidencia real de la enfermedad y su impacto en el conjunto de las Infecciones Respiratorias Agudas de diferente etiología, para estimar la incidencia del coronavirus y otras infecciones respiratorias; caracterizar la circulación del virus SARS-CoV-2 y otros respiratorios; describir los patrones clínicos y epidemiológicos y estudiar la mortalidad.
Además, de la participación de la comunidad en el Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España, cuya primera ronda ya finalizó.
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