La renta agraria se disparó en 2023 por encima de los 3.200 millones en Castilla y León

La producción ganadera y la reducción del gasto en fertilizantes por su alto coste marca la subida de la renta agraria en Castilla y León en 2023, que pese a la sequía, creció en un 2,6 por ciento hasta superar los 3.200 millones de euros y quedarse apenas dos millones por debajo del récord alcanzado en 2021.

Son las principales conclusiones extraídas de los datos de las cuentas económicas de la agricultura y la ganadería de Castilla y León, consultadas por Ical, y que en una primera estimación, sitúan la renta total agraria en 3.201,02 millones de euros, más de 80 millones por encima de los 3.119,07 del año anterior, pese a la fuerte sequía que marcó la campaña agrícola de 2023.

Sin embargo, por sectores, se aprecia una importante caída en el valor de la producción vegetal, del 21 por ciento, que hace que el conjunto de los agricultores de Castilla y León apenas superen los 3.000 millones de euros de rentabilidad. De hecho, la principal caída se produjo en cereales, donde se perdió casi la mitad de la renta con respecto al año anterior: de los 2.003,73 millones de 2022 a los apenas 1.023,85 millones del pasado año.

La fuerte caída apenas logra compensarse con la producción ganadera, que subió un 15,4 por ciento hasta los 4.617,35 millones de euros, gracias a la estabilidad de los precios de la carne y al auge del valor de la leche y las exportaciones, como apuntan los responsables de las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad en declaraciones obtenidas por Ical.

No obstante, y pese a la subida en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas con «precios aceptables tras años sufriendo», como señala el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, el conjunto de la producción agraria, que incluye tanto la rama vegetal como la animal, cayó un 2,1 por ciento en 2023 con respecto al año anterior, hasta situarse en 7.922,11 millones de euros.

La razón por la que, pese a ello, la renta agraria subió un 2,6 por ciento y superó de nuevo los 3.000 millones de euros, la segunda cantidad más alta en lo que va de década, se encuentra en la disminución del gasto en insumos, del 6,5 por ciento, debido al alto coste, especialmente de los fertilizantes, que llevó a un recorte drástico en su adquisición por parte de los agricultores de Castilla y León.

De hecho, y aunque el valor por la adquisición de productos fitosanitarios aumentó un 5,6 por ciento hasta los 169,11 millones de euros y también se compraron semillas por un valor un 11,1 por ciento mayor con respecto al año anterior, el gasto en fertilizantes cayó drásticamente un 26,4 por ciento, lo que desde las opas se explica por unos altos costes que, ante la incertidumbre de las cosechas, lleva a los agricultores a «ahorrar» en abono porque «si no, no salen las cuentas».

Así lo declaró a Ical el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, al señalar que «los altos costes de la sementera de 2022 se han mantenido en 2023 y ahora sucede lo mismo en la sementera de 2024, donde se ha acentuado todavía más», por lo que, pese a la «aceptable» cosecha de este año, «tampoco se ha ganado dinero» y los agricultores son reticentes a sembrar y a fertilizar «para no gastar porque no se gana».

«Es lamentable tener terreno y agricultores y no tener cosecha porque lo nuestro no vale casi nada», lamentó Dujo, que reconoció que «se está sembrando menos y esta situación va a ir a más», por lo que, frente a los cerca de dos millones de hectáreas que se sembraban cada año en Castilla y León, ya el año pasado apenas se llegó a 1,6 millones de hectáreas y este año el presidente de Asaja calcula que la cantidad de terreno «se va a quedar incluso por debajo» de esa última cifra.

En la misma línea se manifestó el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, que afirmó que «la alegría de la rentabilidad de los productos ganaderos no compensa la tristeza» de los cerealistas, puesto que un 2023 «con pérdidas generalizadas» por la sequía llevó en la sementera siguiente a «fertilizar menos y no aprovechar nuestro potencial productivo» en la campaña de 2024.

Y es que «estos precios de los fertilizantes ponen en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones», porque los agricultores «van a medir mucho y a fertilizar solo en zonas que sean rentables», por lo que la reducción del terreno sembrado «va a seguir con estos precios», con los que es «muy arriesgado fertilizar».

De hecho, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, cifra en un 20 por ciento la subida de los precios de los fitosanitarios y en un 50 por ciento la de los fertilizantes, lo que «conlleva una menor utilización y una merma importante en el dato de la renta» referente a producciones vegetales, porque aunque «los gastos bajan, lo hacen mucho más los ingresos».

Por ello, avanza que en 2024, los datos de la renta agraria «van a ser muy parecidos», en especial en el sector cerealista, porque aunque «las producciones pueden mejorar, los gastos seguirán bajando porque la rentabilidad en el secano es prácticamente nula, se cierra el puño y no se usa la cantidad de fertilizantes que se debería».

Estos «precios ruinosos», como los definió, por su parte, el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, hacen que la subida de la renta agraria en el conjunto de la Comunidad «no refleje la realidad» del campo, especialmente de los agricultores de secano, debido a la compensación no solo de la carne «por sus precios dignos» o de la leche con el incremento de su valor de los últimos meses.

Porque la cada vez menor rentabilidad del cereal está llevando, tal y como apunta González, a un «descenso de las explotaciones» y a que esa renta positiva «se reparta entre menos manos». Las que acumulan, según señala el secretario general de UPA en Castilla y León, esa renta positiva tendiendo hacia una agricultura y ganadería «de tipo industrial, como en Estados Unidos», que va contra la tradicional forma de pequeñas explotaciones familiares de Castilla y León.

Por ello, González planteó a «los responsables políticos, tanto en la Junta como en el Gobierno», que analicen la situación porque «si quieren mantener el medio rural vivo y los pueblos abiertos, tienen que cambiar de modelo y empezar a mantener las pequeñas explotaciones para no acrecentar la despoblación».

También denunció esta situación el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, al señalar que «hay una concentración importante de tierras y renta cada vez en menos manos», por lo que llamó a «apoyar a las explotaciones más pequeñas y no fomentar el sobredimensionamiento» modificando, entre otras cuestiones, las convocatorias para la incorporación de jóvenes para que estos «no tengan que ampliar sus explotaciones para acceder a las ayudas».

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