La región suma 114 camas de convalecientes pese al compromiso de alcanzar las 280

El dato lo puso sobre la mesa, en la Comisión de Sanidad de las Cortes, la procuradora socialista Isabel Gonzalo Ramírez para defender que la Junta cumpliese con los diferentes compromisos contraídos desde 2008 hasta la actualidad para incrementar este recurso sociosanitario. Hasta seis convenios (2008, 2010, 2013, 2015, 2018 y 2020) -repasaría en su intervención, desde Podemos, Laura Domínguez- recogen el incremento de estas camas, que tendrían que haber alcanzado ya las 280 plazas para las nueve provincias.

Una gestión conjunta de las consejerías de Familia y de Sanidad que se ha estancado durante trece años y que reclama la resolución del Procurador del Común para que se impulse y amplíe el recurso preferiblemente en los centros públicos pero, de no poder ser, también en los concertados. La falta de camas y la imposibilidad de una lista de espera para conocer la demanda -puesto que la necesidad es inmediata- hace que, en realidad, se desconozca la magnitud de esta necesidad. No hay estudios ni datos al respecto y, según relataron ambas procuradoras, «la persona que necesita tales cuidados depende de una plaza libre y, como no suele haberla, tiene que pagarse, si puede, un centro privado».

El último acuerdo a este respecto fue de julio de 2020 y contemplaba llegar a las 172 en 2023, es decir, destaca Isabel Gonzalo, «que serían 108 plazas menos de esas 280 que tendríamos que tener ahora». Por su parte, desde Ciudadanos, Inmaculada Gómez defendió que, actualmente, ya hay 129 camas al incorporar 15 nuevas en Valladolid y hay 11 más previstas por la Diputación de Salamanca. Pero la procuradora socialista aseguró que «ninguna ha entrado aún en funcionamiento».

El PSOE presentó dos proposiciones no de ley (PNL) relacionadas con las camas sociosanitarias, una para ampliar la dotación y la segunda para garantizar la transparencia y accesibilidad en condiciones de igualdad a las plazas. Ninguna de las dos PNL prosperó. Fue Noelia Frutos Rubio la encargada de defender la segunda propuesta, la de regular el acceso y obligar a que una negativa tenga que estar justificada por escrito así como conocerse con transparencia los criterios de acceso a estas plazas que funcionan bajo la fórmula del copago en función de la renta de cada persona.

La procuradora socialista considera que el actual método sin la existencia de solicitudes produce «una clara indefensión», y criticó que «el sistema hace de intermediario» cuando no hay cama pública y hacen que el interesado «acuda a la privada, le facilitan los clientes a la privada», criticó. Y destacó que «la tramitación se hace en realidad cuando el beneficiario ya lleva días ocupando la cama». Noelia Frutos apeló a la necesidad de seguridad jurídica y de objetividad y garantías, y recurrió también en su argumentación a una resolución del Procurador del Común en este sentido.