La región pide una financiación adicional para compensar la caída de fondos PAC

Independientemente de estas premisas, a nadie se le escapa que todavía sigue sonando el eco de la cumbre europea celebrada esta misma semana y que ha dado el visto bueno a un recorte del 10% de esta política europea para el periodo 2021- 2027, lo que supondrá para Castilla y León una caída de fondos de más de 100 millones de euros al año.

«Para las cuestiones técnicas de cómo vamos a ir construyendo la PAC tenemos tiempo», destacó el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que prefirió centrarse « en lo que nuestros agricultores van a ir cobrando a lo largo del tiempo», pues dejó claro una vez más que « la PAC es una política de renta».

La región ha pedido al ministerio «que consiga una financiación adicional que compense el recorte de fondos acordado por el Consejo Europeo», ya que «otros países han accedido a cheques compensatorios y España necesita compensación adicional».

En un momento en el que el aspecto medioambiental cada vez tiene más peso, Carnero entiende que la ayuda directa, la del primer pilar, debe llegar al 70%. Ahora está en el 56%, aunque el ministerio ya habla del 60%. «Nadie nos oponemos a cumplir las medidas medioambientales, pero deben tener la correspondiente compensación con esa ayuda directa de en torno al 70%».

Carnero, durante el receso de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en Madrid, también mostró su «preocupación» por la reducción de la aportación europea al segundo pilar, que pasa del 53% al 43%. Hay que recordar que se trata del relativo al desarrollo rural y que tanto el Estado como las comunidades autónomas cofinancian los proyectos.

Desde el punto de vista técnico, la definición de 'agricultor genuino' será uno de los elementos clave de la reforma y parece que existe «un amplio consenso sobre el hecho de que se debe tener en cuenta a los agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos», informó Planas. Habrá que definir qué porcentaje de los ingresos totales de los beneficiarios deben proceder del campo, que parece que será entre el 20% y el 30%.