La región acudirá a los tribunales si se concede especial protección al lobo

Los consejeros de Medio Ambiente de las cuatro comunidades autónomas, que mantuvieron ayer un encuentro virtual, estudian también recurrir la sesión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano en el que se votó la medida, «al apreciarse defectos de forma, ya que, entre otras cuestiones, no se facilitó participar en las votaciones a la Ciudad Autónoma de Ceuta», explicaron mediante un comunicado las cuatro regiones.

Las reacciones a la medida, que para ser oficial tendrá que ser dictada por orden de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y publicada en el BOE, no han dejado de sucederse y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, aseguró que no impide el control población de la especie, aunque si que se plantea que estos controles sean realizados por agentes medioambientales, informa la agencia Ical.

Los ganaderos de la cornisa Cantábrica y del centro-norte peninsular representados por Asaja calificaron «como un verdadero despropósito la decisión», mientras que UPA la tildó de «atropello». Esta organización reclamó al Ministerio que transfiera las competencias a las comunidades autónomas de cuantas decisiones afecten a cada región en materia medioambiental y de reto demográfico.

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, exigió al Ministerio que convoque la Comisión de Medio Natural y que las comunidades autónomas con ejemplares de lobo presenten sus planes de gestión, ya que la imposibilidad de hacer un control poblacional mediante gestión cinegética supondrá añadir presión a las explotaciones ganaderas de la región.

Otra asociación de ganaderos, la 19 de abril, valoró que «si la convivencia entre el lobo y la ganadería era de por sí difícil aun existiendo control poblacional al norte de nuestra comunidad, a partir de ahora con esta prohibición, el número de ataques al ganado, los daños y las pérdidas serán aún mayores. De ahí nuestro rechazo a una medida que daña el sector y nuestro medio rural».

Desde un planteamiento totalmente diferente, el Colegio de Biólogos de Castilla y León respalda la propuesta, y mediante un comunicado defendió como «absolutamente determinante» el dictamen del comité científico, órgano en su opinión «absolutamente cualificado» y compuesto por profesionales de la biología que, destacó, han ofrecido argumentos de una «solidez científica indiscutible».

Luis Suárez, coordinador de Conservación en WWF España, manifestó que para los sectores conservacionistas se trata de «un paso necesario y lógico, que pone en valor a la especie».

En su opinión, «Castilla y León y el resto de comunidades deberían trabajar por resolver problemas reales, minimizar el conflicto».