Un informe desvela que reducir impuestos en Soria, Cuenca y Teruel mejoraría su desarrollo sin perjudicar las arcas públicas

Los académicos proponen que a escala autonómica se deben estudiar reducciones en los tipos de gravamen aplicables a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas como son el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISyD) y tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se debería estudiar también la eliminación del límite de edad y renta para que todos los individuos puedan acogerse a las deducciones que en la actualidad han regulado las distintas comunidades en el tramo autonómico. Igualmente habría que crear nuevas deducciones en la Cuota Íntegra Autonómica del IRPF tanto para autónomos que ejerzan una actividad económica en estos municipios como para individuos que decidan fijar su residencia habitual en los mismos, sin discriminar por el volumen de renta que declaren o por la edad que tengan.

A escala estatal proponen la deducción en la cuota del IRPF sobre las rentas obtenidas en estos territorios, añadiendo bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio para residentes sobre la parte de patrimonio neto radicado en el municipio, en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para residentes, en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en la cuota del Impuesto sobre Sociedades sobre los beneficios obtenidos por empresas con domicilio fiscal radicado en municipios elegibles.

Tomando como referencia los datos de la base de microdatos de las declaraciones del IRPF y, para las restantes figuras, los datos territorializados procedentes de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, el coste fiscal de la propuesta aplicado a las tres provincias suma 335,24 millones de euros al año, lo que supone el 0,17% de la recaudación fiscal total en España en 2017, de los que solo 252,09 millones corresponderían al IRPF de Soria, Cuenca y Teruel. Sin embargo, y según el informe elaborado por los expertos, el impacto socioeconómico estimado en estas zonas sería de 266,97 millones de euros adicionales al PIB del territorio por año y 4.027 empleos creados o mantenidos mientras dure el estímulo fiscal.

El informe asegura además que el porcentaje que el Gobierno dejaría de ingresar disminuiría considerablemente por el giro de las rentas generadas por el estímulo fiscal. «Son impactos inducidos que podrían llegar a representar nuevas oleadas de renta y empleo. Las rentas generadas contendrían una fuerte proporción de cotizaciones sociales, alrededor de un 11% de las mismas (unos 29 millones de euros al año) que aumentarían los derechos acumulados por los trabajadores a efectos de jubilaciones y contingencias afines. Además, la Administración Tributaria podría recuperar, por la vía de los diferentes impuestos existentes sin contar cotizaciones a la Seguridad Social, otros 80,09 millones de euros, el 23,89% del coste de la propuesta», advierten.

Los expertos no incluyen la previsión de crecimiento de la población en los próximos años gracias a esta fiscalización pero sí insiste en que «en los países más avanzados en los que el éxodo rural comenzó hace más de un siglo muchos territorios que sufrieron la despoblación han encontrado una nueva vida como áreas residenciales de calidad para profesionales liberales de ciudades cercanas y han mantenido población autóctona ligada a actividades agrícolas, todo con nuevas infraestructuras y servicios que han logrado retener a la población y atraer a nuevos pobladores con una oferta equiparable a la de los territorios urbanos».