La recuperación económica reduce el 17% las familias que viven de la renta de ciudadanía en la región

«Es una ayuda para salir del bache; pero hay que luchar por salir y ponerse a trabajar cuanto antes»

Ninguno de los dos considera la Renta Garantizada de Ciudadanía como un salario y una forma cómoda de vivir. Ambos lo tienen claro: «Es un apoyo para salir del bache, que te ayuda a buscar trabajo; pero es temporal porque hay que luchar por ganarse la vida». David Escudero Jiménez y Sheila Fernández, una matrimonio treintañero, actualmente con dos hijos de 12 y 6 años, han conocido bien lo que es la angustia de quedarse sin sustento, con una casa comprada que apenas habían empezado a pagar, en el paro tras años de trabajo y con la incertidumbre por futuro. Y ella, embarazada en aquel entonces.

Viven actualmente en Pajarillos altos, se conocen desde los 18 años y llevan ya 15 años casados. Sheila –que acaba de sacarse el carné de conducir, lo cuenta orgulloso David– ha trabajado como dependienta y en el servicio doméstico. Después hizo una sustitución en el servicio de Clece para limpiar edificios de la Universidad de Valladolid que fue la puerta de entrada, meses después de haber terminado este contrato, volvieron a llamarla y lleva ya dos años con trabajo. David es cocinero. Es una vocación «de toda la vida», le encanta la hostelería y restauración y ello le llevó a hacer un curso hace cinco años del Secretariado Gitano que duró seis meses. Con él llegó el trabajo en la cafetería de las Cortes –«hice ahí las prácticas y ya me cogieron» y también trabajé «dando de comer en los cuarteles militares». Ahora lleva solo 15 días en paro y con buenas perspectivas laborales; pero «no aguanto estar así, necesito trabajar y quiero empezar cuanto antes».

El primer piso tuvieron que dejarlo en dación del pago cuando la crisis los dejó a ambos en la calle. Un alquiler y gastos de la casa que les llevaba entre 200 y 300 euros, buena parte de la renta garantizada de la que ella era la titular –de 590 euros con un hijo y, ya con los dos, de 640– y «chapuzas. Hacíamos lo que podíamos para sobrevivir, mercadillo, cualquier cosa que saliera... y la renta nos ayudó, nos dio un techo, una oportunidad porque es realmente muy duro quedarte sin nada, y más para un gitano porque hay mucho desprecio, se generaliza mucho y nos ven a todos como malos y eso es injusto. En algunos trabajos incluso nos han preguntado si lo somos y no nos han querido coger. Es muy duro que te miren mal por la raza».

Una norma más flexible para potenciar compatibilidades

La normativa aprobada en 2016 dio respuesta a situaciones reales en las que familias con necesidades demostrables quedaban excluidas o perdían otras prestaciones. El decreto amplió los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección, con algunas ayudas públicas como la del paro. Explican fuentes de Familia que, así, hay garantías de que quien recibe la prestación por desempleo pueda compatibilizar y complementarla con otra de la Red de Protección, como por ejemplo esta renta, hasta alcanzar el máximo establecido.

También implantó la Consejería de Familia la compatibilidad de apoyos de la red con otros sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las obtenidas por incapacidades temporales durante el desarrollo del trabajo, y la por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

De esta forma, este grupo de medidas eliminan las incompatibilidades establecidas en la normativa de 2014, con ingresos que procedían de las acciones protectoras de la seguridad social u otros sistemas públicos de protección, asegurando unos ingresos suficientes para atender las necesidades básicas de una persona.

Otro de los principales objetivos de estas medidas fue flexibilizar el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. De esta forma, lo que se quiere garantizar la Junta es que se cubran las necesidades básicas de los autónomos y personas que, aunque tengan rendimientos del trabajo o propiedades de ciertos bienes inmuebles, no tengan cubiertas sus necesidades por imposibilidad de hacer efectivo su valor.