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La asociación cultural Centrados en Segovia echa la vista seis años atrás, cuando por aquel entonces Unión Progreso y Democracia (UPyD) inició la batalla legal contra las prejubilaciones millonarias acordadas por el último consejo de administración de la extinta Caja Segovia. Ahora, ven más cerca « ... el tan esperado juicio», indican sus representantes.
La recuperada esperanza viene motivada por la noticia de que la Audiencia Provincial ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Atilano Soto (presidente), Manuel Agudíez (vicepresidente), Elena García Gil (vicepresidenta segunda), Manuel Escribano (director general), Antonio Tapias (secretario general) y Enrique Quintanilla (director de recursos humanos) contra el auto del pasado 29 de agosto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital.
Dicho fallo resolvía los recursos de reforma de los seis exdirectivos de la entidad de ahorro contra otro auto, éste del 7 de marzo. Cabe recordar que a través de dicho escrito se les encausó por el caso de las prejubilaciones millonarias de la extinta entidad de ahorro al entender que existían indicios de un supuesto delito de aprobación indebida y de otro de administración desleal.
Ahora, el presidente de la formación magenta, Juan Ángel Ruiz, subraya la contribución de Centrados en Segovia en el desarrollo de la causa judicial. El último paso dado «en la sombra» ha sido la entrega de nueva documentación a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe de Segovia y la Fiscalía Anticorrupción, explica el responsable de las siglas políticas, quien reitera su demanda al ministerio público de que sea «más activo».
El también diputado provincial de Centrados en Segovia cree que en el caso de las prejubilaciones millonarias «no va a repetirse la misma artimaña como la vivida recientemente con el Torreón», en referencia a la retirada de la vía penal de la acusación que ejerce la Fundación Caja Segovia tras haber llegado a un acuerdo con Bankia para la quita de la millonaria hipoteca que pesaba sobre el inmueble histórico y otros bienes de la institución heredera de la Obra Social.
Ruiz opina que la entidad que preside Javier Reguera «se juega mucho dinero, porque las personas vinculadas a partidos que están encausadas ya están amortizadas políticamente». De todos modos, el presidente de la asociación magenta insiste en tratar de forzar un cambio de postura por parte de la Fiscalía.
Asimismo, solicita que se adopten medidas cautelares con respecto al cobro de las retribuciones que están a punto de cobrarse por parte de los exdirectivos que están cerca de su edad de jubilación. Juan Ángel Ruiz reivindica que se paralice el pago y que el dinero permanezca bloqueado hasta que el juez decida si son o no inocentes.
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