La Junta envía a la Fiscalía los hechos que denuncia la Inspección sobre un contrato del parque de proveedores de Valladolid

Pilar del Olmo explicó que el informe en cuestión fue elaborado el 29 de agosto de este año, si bien no entró en el registro del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) hasta el día siguiente, el 30 de agosto. Añadió que por un hecho, que calificó, de momento, como «un error administrativo», no llegó al director general del ICE, José María Ribot, a quien iba dirigido el documento, en el que se advierte de que se habría producido una filtración de un expediente de contratación.

La consejera de Economía y Hacienda explicó que tuvo conocimiento de este informe a las 13.50 horas de este jueves, horas después de que el Grupo Socialista pusiera de manifiesto estos hechos y anunciara su intención de remitirlos a la Fiscalía por si hubiera indicios de prevaricación y trato de favor a la empresa Padecasa Obras y Servicios, con sede en Ávila, aunque ésta finalmente no se hiciera con la adjudicación.

Dada la hora, el escrito de denuncia tuvo que ser registrado en el juzgado de guardia y no en la Fiscalía. La obra que ahora se revisará corresponde a la construcción de una nave del Parque de Proveedores de la Junta para surtir a las factorías de Renault. Los trabajos se adjudicaron finalmente en octubre a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en 14,44 millones.

«Somos una consejería totalmente transparente», defendió con rotundidad la titular de Economía y Hacienda, minutos antes de participar en Valladolid en el acto de entrega de los Premios de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Además, añadió que la «prueba de ello» es que el expediente es «público» y se puede consultar en el portal web del Instituto para la Competitividad Empresarial.

«Es público y ustedes pueden acceder y ver todos y cada uno de los pasos de ese expediente», afirmó Pilar del Olmo, quien parafraseando al ministro Josep Borrel criticó la actuación del «señor serrín y el señor estiércol», en alusión a los procuradores socialistas José Francisco Martín y Pedro González Reglero, quien denunciaron estos hechos en una comparecencia este jueves en las Cortes.

Al respecto, la titular de Economía y Hacienda recalcó que es «mentira» que el expediente sea «secreto» y que no tuvieran acceso al mismo. Ademas, Pilar del Olmo destacó que los hechos se han comunicado a la Fiscalía una vez que ella ha tenido conocimiento. «Que se miren ellos dentro de las filas socialistas», sentenció la consejera.

El PSOE de Castilla y León trasladará a la Fiscalía el expediente de licitación de uno de los edificios del Parque de Proveedores de Automoción por entender que dos empresas que concurrían conjuntamente pudieron recibir el pliego de condiciones antes de que se publicará en el Bocyl y trabajar de este modo con una información privilegiada que, a la larga, acabó resultando contraria a sus intereses, puesto que el que se publicó contenía variaciones. En juego, una obra que salía a contratación, en marzo, por más de 17 millones de euros.

Fueron los propios miembros de la mesa de contratación quienes detectaron esa posible filtración y consideraron los indicios tan contundentes como para expulsar del proceso a los titulares de una de las 18 ofertas que pugnaban por edificar la nave. Se trata de la unión temporal de empresas formada por Padecasa Obras y Servicios, de raíces abulenses, y Vías y Construcciones.

Los procuradores José Francisco Martín y Pedro González, han criticado que no hayan sido los responsables de la mesa de contratación o del organismo que adjudicó la obra, el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE, antigua ADE), que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, los que informasen al fiscal y deducen que no hay interés en la Junta de Castilla y León en saber de dónde partió esa filtración. Lo ocurrido está reflejado en las actas de la mesa de contratación.

El ICE publica los requisitos de la adjudicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del 8 de marzo de este año. Los aspirantes presentan las ofertas y los miembros de esa mesa de contratación requieren el 15 de junio a Padecasa-Vías y Construcciones que subsanen parte de la documentación presentada. El 18 de ese mes comprueban que la documentación remitida insiste en los defectos detectados y deciden contactar con los responsables de esa oferta para aclarar el error. Lo hacen por teléfono y desde la empresa se insiste en que es correcto lo que ha enviado y conforme «al pliego del 21 de febrero». Esa fecha es dos semanas anterior a que se publicase el pliego oficialmente en el boletín. El representante de la mesa se da cuenta de que están hablando de dos pliegos diferentes.

«Yo no sé de donde puede venir nuestro error y como tenemos ese pliego con otra clasificación, mañana te llegará el correcto», justifica por correo el contacto de las empresas. A la vista de lo ocurrido,los responsables de la mesa de contratación deciden el 20 de junio expulsar a las empresas del proceso por considerar que «existen indicios suficientes para entender vulnerados por uno de los licitadores los principios de igualdad de trato y transparencia, al haber accedido a documentación, concretamente el pliego de cláusulas administrativas particulares, con carácter previo a su publicación», refleja el acta oficial. La empresa no recurrió ese veto a participar en la contratación, algo que a los procuradores del PSOE les resulta «sospechoso», dado el montante económico de la licitación.

De los cinco integrantes de la mesa de contratación, cuatro votan a favor de la medida y el quinto emite un voto particular por ser contrario a la expulsión. Este último es, según han destacado los parlamentarios socialista, David Martín García, que fue alcalde del PP en el municipio vallisoletano de Valbuena de Duero. David Martín ha destacado que votó contra la exclusión de esa UTE porque no había sobre la mesa ningún documento que avalara que habían tenido información privilegiada para fundamentar jurídicamente una decisión que se tomó por las referencias que trasladó la secretaria de la mesa«creo recordar de unas conversaciones telefónicas, al tiempo que lamentó que se tratara de vincular el trabajo que hizo durante siete meses en el ICE (del que salió en julio «por motivos personales y familiares») con su condición de haber sido durante 10 años alcalde del PP en un pueblo.

También precisaron que varios de los integrantes de esa mesa de contratación están siendo investigados en el procedimiento judicial que se sigue por la compra de la del edificio que alberga el ICE, conocido como Perla Negra, y los terrenos para un polígono industrial en Portillo (Valladolid) que siguen barbechos, sin tocar.

La mesa de contratación trasladó lo ocurrido a la Inspección General de Servicios de la Junta, para que investigara si algún empleado público había incurrido en una práctica ilegal. «¿Por qué no lo envían a la Fiscalía? Lo que había es un indicio de un delito», se ha preguntado José Francisco Martín, que ha señalado que a «Padecasa, empresa que visita cada campaña electoral 'master-Casado' (Pablo Casado, presidente del PP) le pasaron mal el pliego por error o alguien lo cambió sobre la marcha. O igual alguno se confundió y se metió en una contratación de una trama que no tocaba y al que filtra el pliego le hacen la jugada del nueve», ha asegurado el procurador del PSOE.

Pedro González y José Francisco Martín han lamentado «las trabas» para acceder a la documentación de este expediente y señalado que no se les ha facilitado la resolución de la Inspección General de Servicios, por lo que pedirán amparo a la Mesa de las Cortes para que urja a la Junta a remitirla.

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha destacado que toda la información está «colgada en la web» y que de esa documentación se deduce que la actuación de la mesa de contratación ha sido correcta en «un procedimiento administrativo puro y duro». «Si lo quieren llevar al fiscal, que lo envíen», ha instado la consejera.

Los procuradores del PSOE focalizaron toda la crítica en la firma Padecasa, por entender que es «muy querida» por el presidente del PP y diputado por Ávila, Pablo Casado. La empresa trabaja en España, Chile, Perú y Colombia, según datos recogidos en su página web, con una plantilla de 214 empleados. Este periódico han intentado recabar la opinión de responsables de la constructora, sin respuesta hasta el momento.