El PSOE de Castilla y León asume las tesis de Sánchez sobre los indultos pese a las dudas sobre su eficacia

La portavoz en el Pleno de Salamanca, María Sánchez, es el ejemplo paradigmático. Primero utilizó la referencia del rival. «José María Aznar fue quien más indultos concedió, la mayoría por delitos de corrupción, y Rajoy el que más otorgó con informe desfavorable, un 17%». Después recurrió a la necesidad de «abrir el espacio de diálogo y sustituir la estrategia de confrontación por la de la alta política». Luego habló del «gesto simbólico». Y remató con la apelación a la «lealtad institucional» del PSOE en 2017, cuando se aplicó el artículo 155 en Cataluña. Finalmente, su grupo se abstuvo en la moción contra los indultos.

El PP y Ciudadanos, pero especialmente los populares, aprovechan cada foto de los independentistas perdonados, la pose con la pancarta de 'Freedom for Catalonia', su 'ho tornarem a fer', para apretar políticamente y han desplegado una batalla de mociones en todas las instituciones, sean municipales, provinciales o autonómicas, para forzar a los socialistas a retratarse. Para intentar abrir grietas y obligar a los posibles disidentes del PSOE a protagonizar un 'García-Page'. «Mañana me va a doler todo el cuerpo», dijo el presidente de Castilla La Mancha al respecto del perdón gubernamental que se anunciaba.

En ese escenario, ningún líder del PSOE en la comunidad se libra de tener que responder a la cuestión clave: «¿Apoya los indultos?». Quienes escogen no responder, como el alcalde de León, José Antonio Diez, arguyen que lo suyo es el asunto municipal, aunque en este caso admite que, «como secretario de la Agrupación Municipal del PSOE en León», defiende la línea marcada por su partido. Lo mismo para el regidor de Burgos, Daniel de la Rosa, que declina hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, ambos se encuentran de frente con la pregunta de marras en sus propios plenos municipales. Diez se topó con ella este viernes, al igual que Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, tque ambién se enfrentó en su Consistorio a la misma cuestión, a propuesta de PP y Ciudadanos.

Daniel de la Rosa ya tuvo ocasión de responder en su Ayuntamiento, en Burgos, el pasado día 18. Entonces, el contenido de la moción del PP variaba algo, porque aún no se habían publicado los decretos del perdón. El PSOE burgalés también siguió el manual del partido al pie de la letra. Su portavoz municipal, Nuria Barrio, se retrotrajo a los tiempos de Aznar. «Lideraron el ranking de indultos con el Gobierno del señor Aznar, 5.948 indultos en dos legislaturas». Luego habló de la voluntad política de «construir concordias» y de «lealtad política» al recordar que el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155. Entonces intervino el alcalde burgalés, Daniel de la Rosa. «[El indulto] Es una figura controvertida, pero es una figura legal. Entiendo algunas de las manifestaciones que ha hecho el Gobierno sobre la necesidad de rebajar la tensión en Cataluña», comenzó, para a continuación expresar sus dudas. «No me gustan especialmente los indultos, lo comparto con el señor [Vicente] Marañón -Cs, teniente de alcalde en coalición con el PSOE-, es una figura que en todo caso se debe plantear de una manera muy excepcional. Sí que los entiendo cuando existe arrepentimiento o por lo menos manifestaciones sobre aquellos que han sido condenados. Me alegré muchísimo de escuchar al señor Junqueras hablando de que no iban a forzar la vía unilateral», argumentó el regidor.

Las reflexiones de Junqueras, en una carta, hablaban de diálogo, pero el objetivo de los suyos es el mismo que antaño. Y además, irrenunciable. Primero exigía la «amnistía» no solo para los exiliados, lo que debe traducirse por Puigdemont y el resto de sus colegas huidos, sino para «el resto de las 3.000 personas que sufren causas judiciales». Y después dejaba claro que esto solo es un punto y seguido. «Nuestra voluntad es la de siempre. La independencia es la mejor herramienta para ayudar a la gente de este país, pero las estrategias deben adaptarse a las circunstancias para ser ganadoras», decía.

De la Rosa no es el único líder socialista que muestra dudas a pesar de su apoyo a la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Incluso hay, entre sus filas, quien reconoce un tránsito en sus opiniones en el último mes, desde que se empezó a considerar públicamente la opción de los indultos. «Si me preguntas hace un mes…», insinúa una de las voces autorizadas del PSOE en la comunidad. En este tiempo han intentado reflexionar sobre la cuestión. «Tengo muchas dudas y algunas certezas», admite el alcalde de Soria, Carlos Martínez. «¿Tenemos la certeza de que esto va a ser lo que resuelva el conflicto territorial entre catalanes y que afecta al resto de España? Esa es mi gran duda. Esa duda la tenemos nosotros, la tiene la sociedad catalana, la española... Nadie puede entender que esto va a ser el milagro. Pero paralela a esa gran duda que no puede resolver nadie tengo muchas certezas. La primera es que no hacer nada no es la solución. Ya sabemos en lo que ha derivado. Un problema no se resuelve solo», explica el dirigente soriano.

Martínez añade que «el Gobierno tiene todo el derecho del mundo y la obligación de asumir la responsabilidad de intentar resolver el problema, sin tener garantías de que a través de esta vía se resuelva el problema». Y advierte de que, «en el peor de los extremos», se tiene la garantía de poder «actuar con total contundencia si volviera a ocurrir lo acontecido en 2017».

De hecho, en los textos publicados en el Boletín Oficial del Estado para condonar las penas a 'los nueve del procés' se hace explícita la condición de no volver a delinquir. «A condición de que no vuelva a cometer delito grave en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto», se fija en el caso de Dolors Bassa. Una libertad condicionada que se eleva a cuatro años en el caso de Carme Forcadell y Raúl Romeva; cinco años para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez; y seis años para Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Oriol Junqueras.

Las dudas del socialismo regional las expresó también José Bono en un acto en Palencia el pasado martes. «A la vez que estamos dando pasos, estamos andando por una senda que no conocemos», admitió. Y Miriam Andrés, secretaria general del PSOE palentino, coincide. «Los afrontamos con miedo porque no nos fiamos del independentismo, pero con esperanza también de poder solucionar un problema enquistado». Y eso no quiere decir, asegura Andrés, que haya que ceder a todas las pretensiones de los independentistas. «Puigdemont, si vuelve, tiene que ser juzgado. Y referéndum no cabe, porque no está establecido en la Constitución», afirma con rotundidad. «Hay que tener confianza en el sistema institucional y político del país, un territorio no va a doblegar al conjunto del país, pero el país debe ser consciente de que, sin estabilidad política en este territorio, también el país se arrastra», añade.

El propio Luis Tudanca, secretario autonómico de los socialistas, llegó a dejar entrever sus dudas una de las primeras veces que se le preguntó al respecto, a finales de mayo. «Tengo dudas, creo que además son comprensibles las dudas que tienen muchos españoles sobre la posible concesión de indultos a los condenados del procés en Cataluña», dijo. Y luego matizó que la propia figura del indulto le hace recelar, antes de defender la decisión del Gobierno como «valiente y arriesgada». Después, llegado el momento de expresar su postura en las Cortes ante la moción del PP, fue Patricia Gómez Urbán la que justificó el voto contra la moción y a favor de los indultos. «Los 35 procuradores del Grupo Parlamentario Socialista haremos lo que hemos hecho siempre: apostar por el diálogo, la honestidad, el sentido común y la convivencia; por responsabilidad y lealtad con España», arguyó. «Política con mayúsculas», tuiteó Ana Sánchez, vicesecretaria de Organización, en respuesta al vídeo en el que Pedro Sánchez anunciaba los indultos.

La defensa del PSOE al respecto de los indultos pasa por transformar una decisión controvertida en algo «valiente». Así la trató de redefinir Óscar Puente, uno de los más directos a la hora de pronunciarse, y de los primeros en hacerlo. «Es una medida conveniente, necesaria y acertada. Un gobernante debe mirar hacia al futuro. Y en materia de convivencia entre españoles debe velar por la cohesión de nuestra patria. Si queremos reconstruir esa cohesión, es fundamental la altura de miras. La medida va en esa dirección».

Siguiendo esa línea, Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada, cree que merece la pena «sondear» esta vía. «Es un ejercicio de responsabilidad. Es verdad que el partido ha tenido que tomar medidas muy difíciles en 140 años de historia, pero si las tomas sin pensar en el resultado electoral que eso puede provocar, sino pensando en solucionar problemas enquistados de manera tan importante como el catalán, merece la pena sondear esa opción».

Teresa López, senadora autonómica, es de las que muestra una mayor convicción de que este era el camino adecuado. Y con los riesgos calculados. «Es un indulto condicionado, si vuelven a delinquir se suspenden los efectos del indulto. Segundo, han cumplido casi quinientos días de cárcel el que menos, con lo que el castigo ya está más que probado, han tenido su castigo para saber lo que es o lo que no es. Y tercero: ¿qué otra alternativa hay?», se pregunta. «Se necesita un acercamiento a Cataluña, las políticas del PP hicieron que se pasara de un 10-13% de independentistas a un 49-50%. Eso no puede ser. No puedes decir 'te quiero mucho, no te divorcies', pero al mismo tiempo 'tienes que ser como yo quiero que seas'. Es lo que hace el PP, no te vas pero haces lo que yo diga», asegura, traspasando la responsabilidad a la bancada popular.

Medida necesaria, insisten. Y sin embargo resulta imposible aventurar su eficacia.

Dudas y defensa de la decisión del Gobierno. Es la dualidad en la que se mueven los dirigentes socialistas. Jesús Quijano, histórico responsable del PSOE autonómico que ya escribía en El Norte días atrás al respecto, mantiene su tesis principal. «Si el Gobierno considera que a pesar de todo debía hacerlo, con la justificación de que no es tanto un acto de perdón a los nueve condenados, sino más bien con la finalidad de que el gesto contribuya a un cambio de clima en la sociedad catalana, debe hacerlo. Pero también explicarlo bien», insiste. Y asume que el Gobierno sabía lo que iba a pasar. Las reacciones del independentismo, proclamando una victoria sobre el Estado y pidiendo más, amnistía, regreso de Puigdemont… «Hay quien ha pensado que seguro que habría algo pactado para que cuando salieran tuvieran algún gesto, todo a partir de que Oriol Junqueras mandó una carta diciendo que era un paso, en un tono más conciliador. Pero lo que era previsible es lo que están haciendo y aún quedarán más. En los próximos días y semanas seguirán siendo objeto de reconocimientos, por ejemplo», señala Quijano. Para él, «de aquí a unos meses, quizá después del verano», llegará el momento de percibir si el gesto del Gobierno ha producido una relajación de la tensión en Cataluña o si, por el contrario, «produce un fortalecimiento de las posiciones independentistas, cosa que no está excluida».

Demetrio Madrid, voz respetada por su trayectoria y bagaje político en el PSOE autonómico, dice participar «de la preocupación del conjunto de los ciudadanos españoles». Si funcionarán o no, es algo que se verá con el tiempo, pero para Madrid, «en estos momentos la salida, además de ser legal y constitucional, políticamente es la acertada». Y va más allá. «El presidente tiene mi apoyo absoluto y se lo he dicho a él también. Lo contrario hubiera sido mantener una situación imposible. Por lo menos da expectativas, abre puertas y permite volver a la política. Lo que no se podía es mantener una situación en los juzgados. Es un problema político y la solución debe ser política».

Considera el ex presidente autonómico que «para la gente moderada, aunque sea nacionalista o independentista», es una buena medida. «Hay otra gente a la que le va bien, como en otros tiempos decíamos del Partido Comunista de la URSS y de su secretario general, el 'cuanto peor, mejor'». Y es que Demetrio Madrid cree que el papel de la derecha española es perjudicial en este caso. Se retrotrae a las conversaciones de 1932 sobre el problema catalán y lleva el apartado de la «lealtad» que esgrime el argumentario del PSOE un punto más allá. «Tanto Ortega y Gasset como Azaña decían que el problema catalán había que conllevarlo. Si la derecha fueran personas de Estado y estuvieran desarrolladas políticamente estarían apoyando las posiciones del PSOE, del Gobierno. Pero tenemos ese inconveniente y tenemos que hacer tanta pedagogía con nuestra postura en Cataluña como la tenemos que tener con la derecha española».