Las pruebas de ADN acorralan al ‘violador del ascensor’ por las agresiones de 2017

Los agentes de la Policía Nacional pusieron literalmente «patas arriba» tanto la vivienda del ‘violador del ascensor’, situada en la calle Dámaso Alonso, en una urbanización a las afueras de Segovia, como el vehículo que utilizó presuntamente para trasladar a sus víctimas desde las inmediaciones del Hospital de La Paz (Madrid), donde las raptaba a punta de pistola, hasta su casa. Y fue en su domicilio donde consiguieron recuperar un indicio biológico de la manilla de una puerta que ahora, una vez contrastado con el ADN de las víctimas, ha resultado ser de una de ellas. Este indicio, en principio irrefutable, situaría en la vivienda de Pedro Luis Gallego a una de las dos jóvenes que fueron raptadas y violadas en 2017.

Las víctimas, todas ellas de unos veinte años, «eran elegidas al azar y, por supuesto, está descartado que conocieran al sospechoso», hoy de sesenta años, apuntan las fuentes consultadas para poner en valor la confirmación de esta prueba de ADN.

Pero es que, además, tres de las jóvenes han identificado plenamente a Pedro Luis Gallego como el autor de los ataques en el transcurso de las ruedas de reconocimiento ordenadas por el juzgado que instruye la causa. «Las tres le señalaron», confirman las mismas fuentes, que inciden en la importancia de «la acumulación de indicios contra el sospechoso para apuntalar la acusación contra él ante la ausencia de pruebas físicas directas (grabaciones...)».

De manera que el panorama judicial parece pintar más que negro para el ‘violador del ascensor’, que en la actualidad permanece ingresado en la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), cuando la investigación judicial está a punto de concluir. «La mayoría de las declaraciones y pruebas están ya realizadas y ahora mismo solo estamos pendientes de la llegada de un informe psiquiátrico, solicitado por su defensa, que evalúe su estado actual en relación con su historial psiquiátrico penitenciario», señalan las fuentes del caso consultadas. «Todo apunta a que antes del verano se cerrará la instrucción para abrir la fase de juicio oral» que, a tenor de los indicios, llevará de nuevo al depredador sexual a sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentarse a penas estratosféricas por una casi interminable lista de delitos que incluyen detención ilegal (y tentativa), agresión sexual, robo con violencia, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Pedro Luis Gallego se enfrentaría a una petición de condena, de confirmarse su imputación, que sumaría la friolera de setenta años de cárcel, como mínimo, por la citada sucesión de delitos. De manera que en el caso de demostrarse la autoría de los cuatro ataques por los que fue detenido (dos consumados y dos intentos), si se tiene en cuenta que tiene sesenta años, pasaría el resto de sus días entre rejas.

Un aperitivo, en cualquier caso, para un violador que llegó a ser condenado en los años noventa a penas que sumaban 273 años, dos meses y dieciséis días de prisión por los asesinatos de la joven burgalesa Marta Obregón (el 22 de enero de 1992) y de la vallisoletana Leticia Lebrato (el 19 de julio de ese mismo año en Viana de Cega), además de por otras dieciocho violaciones cometidas en paralelo tanto en su ciudad natal como en Salamanca. Los agentes, aunque no pudieron llegar a demostrarlo, le atribuyeron entonces la friolera de 52 agresiones sexuales en Valladolid y otras 11 en la provincia salmantina entre los años ochenta y noventa.

La oleada de violaciones registrada apenas tres años después en las inmediaciones del madrileño hospital de La Paz, donde un hombre –bautizado como el ‘violador de La Paz’– raptaba a sus víctimas a punta de pistola, las ataba, las metía en el maletero de su coche, luego las violaba y las desvalijaba en su casa, antes de llevarlas de vuelta a Madrid, llevó a los agentes a llamar de nuevo a la puerta de Pedro Luis Gallego.