Los profesores de Religión, contra la ley del PSOE que devalúa la asignatura

Esto implica, según denunciaron ayer los profesores de Religión de Castilla y León, que en esas etapas educativas «se penalizará» a los estudiantes que pretendan cursarla. Julia Gutiérrez, delegada de enseñanza del Arzobispado de Valladolid, explicaba que «la nueva ley elimina la asignatura alternativa denominada 'Valores culturales y sociales' en Primaria y 'Valores éticos' en Secundaria».

«No sabemos cómo encajará en el horario semanal la asignatura de Religión, pues al no tener una asignatura alternativa nos parece que el único modo será añadir una hora o dos, dependiendo de los cursos, al horario semanal de los chicos y chicas, y esto es un peso muy grande para quien elige Religión», señaló en una rueda de prensa en la sede del Arzobispado.

En Castilla y León cursan Religión 199.462 estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, según datos de la Consejería de Educación, de los 242.159 matriculados en este curso 2018-2019. Eso supone que un 82,3% del alumnado escoge esta materia.

La norma que aprobó el Consejo de Ministros, y que se quedó sin tramitar por falta de tiempo ante la celebración de los comicios generales el pasado fin de semana, sí incluye en su borrador una asignatura de valores éticos y cívicos obligatoria para «todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO». Algo que, efectivamente, se añade a la «eliminación de la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión». Eso es lo que lleva a los responsables de esta asignatura a deducir que escoger Religión conllevará una mayor carga lectiva. O lo que es lo mismo, perjudicará a los estudiantes que lo hagan.

La ley Celaá, además, establece que «la calificación de Religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros». Otro punto criticado por los profesores, que se preguntan además qué ocurrirá en la etapa de Bachillerato, donde está previsto que deje de incluirse como materia específica.

La Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos considera que la nueva norma que está aún en curso es un modo de «imponer» una determinada educación. «No queremos que desde el Estado y concretamente cualquier partido político, sea cual sea su ideología, se nos imponga una educación ya que, cuando no hay opción y solo hay imposición, no hay libertad», explicaba Ángela Melero, presidenta de la asociación.

«Apartar el conocimiento religioso de las escuelas es generar una ignorancia, un vacío en el conocimiento», añadía. A su juicio, desde algunos sectores se lanzan ciertos mantras «como que los concertados se llevan el dinero, cuando son deficitarios, no llegamos al cien por cien de lo que pagan a la pública. O que la educación debe ser laica y que hay diferencias sociales entre un colegio y otro, cuando aquí hay distrito único y un chico de las Delicias que quiera acudir a las Teresianas puede hacerlo sin problemas», abundaba la representante de Fecampa.

La ley Celaá incluye otros puntos que preocupan especialmente a la educación concertada. Sobre todo el que elimina el concepto de demanda social instaurado por el ex ministro popular José Ignacio Wert. «Suprime medidas segregadoras entre las redes pública y concertada que introdujo la Lomce (la 'demanda social', el privilegio a la educación diferenciada o en los criterios de admisión al centro)», informaba la presentación enviada por el Ministerio de Educación sobre la nueva Lomloe. Ese añadido de «demanda social» servía, a juicio de la Ministra Isabel Celaá, como «un eufemismo para propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada».

El Centro de Investigaciones Sociológicas, en su macrobarómetro preelectoral del mes de marzo, preguntó sobre las creencias religiosas de los españoles. Un 69% se declaraba católico, aunque solo el 21,1% decía ser practicante. Un 16,6% afirmaba ser ateo y un 8,8%, agnóstico.