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El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, aconseja a la Junta elaborar un protocolo «útil, sencillo, claro y eficiente» para que los profesionales que trabajan en las residencias de mayores puedan aplicar en los casos de fallecimiento, en la atención ... al interno y a sus familiares. El Defensor del Pueblo autonómico refleja la necesidad de garantizar, en los casos en los que el deceso es algo previsible, unos horarios flexibles para que los allegados puedan acompañar al anciano y que este se encuentre en una habitación individual, tanto para garantizar su intimidad como para «no perjudicar al compañero si compartía habitación doble».
El Procurador culmina así la investigación de una queja de una familia en la que ha constatado que existe un «vacío legal» en la comunidad autonómica sobre cómo deben actuar los responsables de estos centros residenciales. La respuesta ante un fallecimiento, sea repentino o esperado, depende de cada uno de ellos. Alerta de que es una situación en crecimiento, a tenor de la evolución demográfica autonómica. Ahora, según datos del INE, residen en Castilla y León 190 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En números redondos:más de 605.000 personas, que tienen una oferta de 700 centros residenciales en la comunidad con 47.043 plazas, según refleja la resolución oficial.
Quintana recomienda a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que elabore un «protocolo de general aplicación a todas las residencias de ancianos de la comunidad para los supuestos de fallecimiento de personas ingresadas con el fin de eliminar, en la mayor medida posible, cualquier situación conflictiva que pudiera derivarse de una vacío de regulación».
El Procurador hace un repaso las pautas que aplica el Imserso en sus centros y también de protocolos redactados por algunas residencias privadas y plantea a la Junta la necesidad de prestar apoyo a la familia del difunto; aplicar un trato respetuoso con los deseos y las creencias del fallecido y sus allegados y establecer los pasos claros ante «muertes esperadas» y fallecimientos repentinos. «Se pondrá especial énfasis en el control de sufrimiento y dolor del anciano», recoge la resolución firmada por Tomás Quintana, que insta a regular es ese protocolo «los aspectos relativos a la sedación en agonía».
El Procurador recomienda incluir de forma clara la manera en la que se informa a los familiares y quién debe hacerlo, el sistema de aviso a la funeraria, la atención en el duelo desde la garantía de la intimidad, incluyendo en este último aspecto desde el apagado de la música ambiental a procurar que el resto de residentes no irrumpan en la habitación salvo si lo autorizan los parientes del difunto.
Sobre las pertenencias de la persona fallecida, Quintana aconseja que el protocolo incluya la elaboración de un inventario de objetos en presencia de la familia y el precintado de armarios y mesillas, acordando el momento de la recogida de los mismos. «Consideramos necesario establecer un plazo máximo para ello dada la demanda de utilización de las plazas residenciales que existe», argumenta el Procurador del Común.
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