El Procurador del Común tramita la primera queja por denegar el traslado al hospital de Salamanca a una residente con covid

La resolución del Procurador, la primera que tramita en la que se apunta a que hubo instrucciones para no derivar a mayores de las residencias a los hospitales, está fechada el 1 de junio. Destaca que «la problemática» de esta residente «se acentuaba» porque «era dependiente y estaba aquejada de un importante deterioro cognitivo». La mujer ya había estado ingresada en el mes de febrero, «sin que la Administración sanitaria hubiera puesto óbice alguno a tal ingreso» y falleció mientras se tramitaba el expediente en el Procurador. Este pidió informes a la Consejería de Sanidad sobre lo ocurrido y ha apreciado «importantes diferencias, incluso de fechas, entre la información enviada y la que obraba en nuestro poder».

Según expone la queja de la familia, la anciana, que residía en un geriátrico de una localidad de Salamanca, el 19 de marzo dio positivo en covid y su situación clínica empeoró hasta el punto de que en dos ocasiones el personal médico del centro solicitó el ingreso en el Clínico. El ingreso se le denegó por parte del facultativo de medicina interna que estaba de guardia con el argumento de «la existencia de un protocolo que lo impedía».

Tomás Quintana considera «relevante» que haya una disparidad de fechas en el relato de lo ocurrido que hace la familia y la Gerencia Regional de Salud. La interesada, según el autor de la queja, ya fue aislada en la residencia el 19 de marzo al dar positivo en las pruebas realizadas y el primer agravamiento en su estado se produjo el 23 de marzo, con saturación del 70%, subida de fiebre y 120 pulsaciones. El personal del centro contactó en dos ocasiones con el hospital para su ingreso porque se consideró que su estado era grave. Al parecer, el facultativo de medicina interna encargado de permitir los ingresos argumentó que la situación de la señora (covid, edad, situación de dependencia y deterioro cognitivo) «impiden el ingreso según el protocolo aplicable». Cuando se presentó la queja, el 29 de abril, el personal de la residencia había reiterado a la familia la necesidad de ingresar a la paciente, que en ese momento permanecía aislada y en situación de extrema gravedad. Pese a ello, desde el Clínico Universitario de Salamanca se le denegó el ingreso. La familia argumenta que la dependencia y el deterioro cognitivo de la anciana ya existían cuando la hospitalizaron entre el 11 y el 17 de febrero, «siendo la única diferencia entre ambos momentos la situación de crisis sanitaria por la pandemia y que la interesada precisamente estuviese aquejada de covid-19».

El informe recabado por el Procurador a la Gerencia Regional de Salud da otras fechas y otra versión: indica que la paciente fue diagnosticada el 9 de abril tras hacérsele una PCR, se le pautó tratamiento con hidroxicloroquina y deftriaxona y que, tras empeorar, el 28 de abril, la familia solicitó el traslado al hospital. Refiere que el servicio de medicina interna valoró la situación, consideraron correcto el tratamiento y no procedieron al traslado, pues se contaba con un equipo covid-residencias para realizar el seguimiento de la paciente. Pero el 2 de mayo tuvo que ser ingresada en el servicio de medicina interna por un episodio de rectorragia y falleció.

Sostiene el Procurador que si los síntomas de la paciente con covid no eran leves, debió activarse entonces el protocolo de derivación (al hospital). Además, ante la disparidad de los datos, considera necesario que se abra una investigación y determinar «si el fallecimiento se produjo tras el deterioro de la salud de la paciente como consecuencia de la falta de ingreso hospitalario».

La resolución solicita a la autoridad sanitaria de Castilla y León que se extremen las medidas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los recursos sanitarios «sin que la edad o cualquier otra circunstancia personal o social puedan ser determinantes para limitar tal acceso» y que se extremen las cautelas para poder conocer la situación de las personas de la tercera edad «evitando que existan grupos de población que no accedan a los recursos sanitarios». Además se subraya que, en cumplimiento de los protocolos y programas que existen, «se evite que la edad sea óbice para acceder a cualquier recurso sanitario». Y, concluye, «en caso de establecer limitaciones de acceso por insuficiencia de medios, la decisión tomada se documente de forma adecuada, motivada y por escrito, a fin de poder justificarla».