El Presupuesto de Castilla y León priorizará la sanidad y el empleo ante la pandemia

Así aparece recogido en la Orden que ayer publicó la Junta en el BOCyL mediante la que se dictan las normas para elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021. El texto tiene en cuenta la incidencia de la pandemia en una crisis sanitaria «sin precedentes» que obligó a la declaración del estado de alarma y al establecimiento de severas medidas de confinamiento de la población, lo que causó un importante impacto en la actividad económica.

La Orden indica que las grandes cifras de la comunidad para el año que viene, «adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública» que fije el Gobierno. La asignación de los recursos disponibles entre los distintos programas de gasto tendrá como líneas fundamentales las cinco grandes prioridades que el gobierno de la Junta de Castilla y León anunció al inicio de esta legislatura. En este sentido, apuesta por desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento, que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural.

Asimismo, apela a impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo, y reclama que se acuerde una nueva financiación autonómica que atienda al coste real de los servicios públicos, considerando adecuadamente «nuestra extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica».

El Gobierno regional también se decanta por priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público. Asimismo, apuesta por consolidar una política presupuestaria que «mantenga la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar nuestras ventajas comparativas como Comunidad Autónoma».

Las fechas límites de remisión de documentación por parte de los diferentes departamentos del Ejecutivo en la Comunidad se establece entre el 11 y el 18 de septiembre.

Recursos extraordinarios

La Junta recuerda en la Orden que ha puesto en marcha numerosas acciones con la aportación de recursos extraordinarios para reforzar el sistema sanitario, imprescindible en la contención de la pandemia; los servicios sociales y educativos, que también han sufrido de forma acusada el impacto de la crisis sanitaria; y el sector económico, con ayudas para paliar los efectos de la ralentización económica motivada por el confinamiento.

Esta triple crisis, sanitaria, económica y social, afirman, ha obligado a «afrontar importantes gastos, absolutamente necesarios, para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas afectadas por la enfermedad, para garantizar la prestación de los principales servicios públicos y para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias del covid».

Acuerdo de reconstrucción

Por otra parte, el pasado 16 de junio, indica, se firmó el Pacto de Recuperación Económica, Empleo y Cohesión Social de Castilla y León, cuya dotación económica se destinará fundamentalmente a llevar a cabo un plan plurianual de inversiones sociales, para reforzar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y los principales servicios públicos, y a reactivar la economía y el empleo.

Además, el Ejecutivo regional expone que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo de reconstrucción, dotando un fondo para la recuperación económica de 750.000 millones de euros, una parte importante de los mismos, 310.000 millones, a fondo perdido y el resto en forma de créditos. España se va a beneficiar de este fondo en una cuantía estimada de 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán recibidos como transferencias y el resto, 67.300 como créditos.