«El retraso de la Ciudad de la Justicia ya raya la tomadura de pelo», manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, minutos antes de revalidar en Valladolid con la asociación de la prensa el convenio ... de formación en Justicia. El magistrado segoviano achacó al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, los cuatro años de retraso que va a hacer el proyecto, «después de que, por voluntad unilateral del alcalde frustró el proyecto que había con la promesa evanescente de que en pocos meses se llegaría a un acuerdo» para disponer de la propiedad en El Salvador. El máximo responsable del TSJ se refería al cambio de ubicación decidida por el ejecutivo de izquierdas, que abandonó el proyecto, más avanzado, de ubicarlo en el barrio de Girón y optó por la opción del antiguo centro educativo en la plaza de San Pablo.
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Concepción indicó que ya advirtieron, en esa reunión en la que estuvo el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, de que si no llegaban a un acuerdo sobre la propiedad, «se meterían en un laberinto de recursos contencioso administrativos que alargarían el proceso, como así ha ocurrido». Por ello, conminó a Óscar Puente a «explicar a los ciudadanos lo que va a ser el futuro judicial de Valladolid, donde se peregrina de sede en sede judicial en una ciudad en la que no tiene razón de ser».
El perjuicio más inmediato se encuentra en que no hay espacio para albergar nuevos juzgados que se necesitan, así como la nueva oficina judicial o un espacio para el juzgado de guardia. Así lo explicó el magistrado Feliciano Trebolle quien reconoció «una tremenda decepción por no haber podido cumplir su sueño de inaugurar la Ciudad de la Justicia antes de su marcha de la presidencia de la Audiencia de Valladolid, jubilación que será efectiva el 8 de julio de este año.
Trebolle recordó que el emplazamiento en San Pablo de la Ciudad de la Justicia fue el primero que él propuso y por tanto no le parece mal, «pero se nos dijo que en unos meses estarían resueltos los trámites burocráticos y va para cuatro años». El veterano magistrado reconoció a Puente «haber hecho lo más difícil, conseguir un acuerdo con Sacyl y la Tesorería General de la Seguridad Social para disponer del espacio del aparcamiento», pero se han estancado, precisó, «en lo más fácil, el el acuerdo con la propiedad y el Sareb; el Ayuntamiento tendría que haberse reunido más veces para llegar a un acuerdo, pero decidió ir a lo contencioso administrativo, en la línea de la expropiación».
Ello supondrá que, cuando se dicte una resolución, vaticinó el jurista, se plantearán recursos por las partes que tendrá que resolver el Tribunal Supremo y, además de que la sentencia puede tardar años, nadie garantiza que el alto tribunal se pronuncie en favor de las pretensiones del Ayuntamiento vallisoletano.
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No disponer de un lugar en el que todos los juzgados y dependencias relacionadas, como las de medicina legal, no estén en una misma ubicación centralizada, afecta incluso a la concesión de nuevas sedes judiciales, pues no hay espacio suficiente para albergarlas. Trebolle explicó, en este sentido, que el Ministerio acaba de conceder un quinto juzgado de lo Social a Valladolid, que se ubicará en la Plaza del Rosarillo, de manera que solo queda ya un despacho en Nicolás Salmerón. Estos edificios que albergan las sedes judiciales fuera del núcleo principal de la calle Angustias son alquilados y suponen un gasto de millones de euros al año para las arcas del Ministerio de Justicia. «Nos está generando numerosos problemas no disponer del Campus de la Justicia y, de hecho, nos obliga a buscar soluciones alternativas porque no va a venir pronto», se lamentó el veterano presidente.
En el último reparto de nuevos juzgados del Ministerio de Justicia, solo tres de los 78 que se han aprobado para todo el territorio nacional han correspondido a Castilla y León. Uno de ellos es el Juzgado de lo Social 5 de Valladolid, una necesidad perentoria ante el importante volumen de trabajo de los que ya existen. Los otros dos han correspondido a Segovia, el Juzgado de lo Penal número 2, «una necesidad perentoria»!, indicó el presidente del TSJ, pues en el actual se tramitan más de un millar de procedimientos antes de juicio y son 1.700 las ejecutorias a resolver, precisó.
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Concepción anunció también que se ha presupuestado la creación de la sexta plaza de magistrado en la Audiencia de Salamanca, de tal manera que así se pueden crear dos secciones, una para los asuntos civiles y otra para los penales.
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