El PP ancla en Salamanca su apuesta por una EBAU única, «con fechas y formatos comunes»

Hace apenas tres semanas que el Gobierno presentó su 'selectividad' para 2025, con algunos cambios relevantes respecto al sistema actual, y el PP ha subido la apuesta en un acto de exacerbación simbólica. En Salamanca, ciudad universitaria histórica, en territorio del líder en el informe PISA, Castilla y León, con los representantes de todas las comunidades regidas por el PP, que gobiernan «para el 70% de los ciudadanos» españoles. «No es casual», dijo Esther Muñoz, leonesa y vicesecretaria de Educación de los populares. «No es casual», repitió Feijóo, para afianzar el mensaje. «Por los jóvenes», repitieron al estampar figuradamente su rúbrica todos los presidentes autonómicos que subieron al atril del Colegio Fonseca.

Simbolismo. ¿Y concreciones? Pues las que desgranó Alberto Núñez Feijóo en el discurso final. «Fechas comunes, formatos comunes para la prueba y criterios comunes para la corrección», desgranó.

Que no quiere decir un «examen común». Porque lo de los contenidos resulta más complejo cuando los currículos incluyen las peculiaridades de cada territorio. Y por el propio sistema. En Castilla y León existe una Comisión organizadora de la evaluación de bachillerato, que incluye entre otras personas a los vicerrectores responsables de las universidades públicas. Dentro de ella hay unos grupos técnicos de materia encargados de «elaborar una propuesta acerca de los contenidos de las pruebas», así como de «la tipología de preguntas». Forman parte de ella un profesor universitario y uno de secundaria de cada distrito universitario. Y en Castilla y León hay cuatro. El de la UVA (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria), el de la USAL (Salamanca , Ávila y Zamora), la ULE (León) y la UBU (Burgos).

El compromiso del PP, firmado por todos sus consejeros de Educación, radica en homogeneizar al máximo todo el proceso. «Mismo orden de exámenes y misma estructura», anunció. «Se pondrá en común el tipo de preguntas y la puntuación y se ha creado una matriz de especificaciones para planificar la estructura y la evaluación de manera coherente con los currículos», añadió.

Y puso un ejemplo. «Hasta el número de faltas de ortografía con el que se suspende un examen» se va a consensuar, anunció. Lo que coincidía en parte con lo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 11 de junio. El texto gubernamental decía: «Estos criterios [de corrección] incluyen la valoración de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, que supondrá al menos el 10% de la calificación de cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto».

Y es que la respuesta del PSOE partió de esa premisa, de la coincidencia del texto del Gobierno con muchos de los aspectos que el PP quiso presentar como un avance en igualdad, así como del hecho de que los populares han recorrido un camino paralelo. A través de un comunicado, el PSOE explicó que el PP «no ha participado» en la elaboración de la reforma de la PAU. «Decidió una vez más romper los consensos y abandonar los grupos de trabajo, prohibiendo que las comunidades autónomas bajo su gobierno participaran», replicaron los socialistas.

Por coincidir, todos coincidieron en el esfuerzo realizado. Cada uno el suyo. El PSOE destacó, informa Europa Press, que «han sido necesarias más de 200 reuniones con la comunidad educativa y una prueba piloto en la que participaron 50 centros educativos de diversas comunidades». Y el PP subrayó, en palabras de Mañueco, que el acuerdo supone «un ejercicio de lealtad institucional y colaboración entre comunidades autónomas». Y Feijóo apostilló: «Gracias a la tenacidad y empeño de la vicesecretaria Esther Muñoz y su equipo y por supuesto de las directores generales de las comunidades autónomas» gobernadas por el PP.

El líder de los populares defendió la atención a los detalles del acuerdo alcanzado por 'sus' territorios. Como en las fechas del examen y de publicación de las notas, «que no es menor, porque facilitará la movilidad de los alumnos; ahora hay comunidades autónomas cuyas universidades cerraban sus preinscripciones antes de que algunos alumnos supieran sus notas». Eran la excepción, eso sí. Galicia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla y León han conocido los resultados casi a la vez y las fechas de examen apenas diferían.

«Por los jóvenes de Castilla y León», dijo Alfonso Fernández Mañueco, orgulloso anfitrión y líder de PISA en España y a la cabeza en Europa, «firmo este compromiso por una EBAU común». «En Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo», presumió el presidente de la Junta. Antes de que él llegara al cargo el PP autonómico ya pedía una prueba única para toda España. Fernando Rey, último consejero de Educación de Juan Vicente Herrera, lo reclamaba. Y el anterior, Juan José Mateos, consideraba hace una década que la selectividad, tal y como estaba concebida, hacía tiempo que se podía dar por amortizada.

En la puesta de largo del gran pacto por la EBAU común del PP quedaron, sin embargo, algunos interrogantes que habrá que resolver cuando se vaya acercando la prueba de 2025. Por ejemplo, si existe alguna colisión con el Real Decreto aprobado por el Gobierno el mes pasado. No lo parece, dado que ese texto contemplaba literalmente que «las administraciones educativas y las universidades […] podrán establecer procedimientos para coordinar […] tanto en lo relativo a las características de los ejercicios como en lo concerniente a los criterios de corrección y calificación, con el fin de asegurar su equiparación entre los distintos territorios».

También determina el decreto las materias que serán objeto de examen. «Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II; Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del alumnado; Lengua Extranjera II; materia específica obligatoria de segundo curso de Bachillerato de la modalidad».

La segunda cuestión, más relevante, es si esto conducirá a un examen único con los mismos contenidos para todos los territorios. Algo que parece mucho más complejo.

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