La Política Agraria Común, pendiente de la letra pequeña tanto en cifras como en aplicación

Habrá oportunidad de profundizar en esas posturas tan encontradas, pero es Gabriel Trenzado, director de Relaciones Internacionales y con la Unión Europea de Cooperativas Agro-Alimentarias de España el que introduce el siguiente matiz: «Conocemos las grandes cifras, pero hasta finales de agosto no se dará una definitiva. La tendencia es a la reducción, pero no con las cifras que se están manejando y que no pueden ser extrapolables de manera individual».

Dicho esto, el proceso de negociación empieza a partir de ahora y serán el Gobierno y las Comunidades las que tendrán que definir la estrategia de intervención, es decir, qué medidas se van a aplicar para cumplir unos determinados objetivos teniendo en cuenta que se ha dado más libertad a los países a la hora de diseñar medidas.

En octubre está previsto que haya una segunda reunión para abordar este asunto tras la celebrada el pasado mes de julio. Según el calendario ministerial, se contempla presentar un borrador informal del plan estratégico a la Comisión en abril de 2021, de manera que el definitivo estará a mitad del próximo año y la aprobación final llegará a comienzos de 2022. Esto facilitaría al Ministerio y a las Comunidades iniciar los desarrollos legislativos y técnicos para aplicar la nueva PAC en 2023.

¿Qué cuestiones van a generar mayor debate entre Gobierno y Comunidades? Una de ellas será la definición del agricultor genuino. Parece que cada vez cala más la idea de que se debe tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos, no obstante, desde el Ministerio matizan que «España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria».

Sobre esta cuestión, Trenzado opina que «tiene que ser una figura profesionalizada, no profesional» y el parámetro para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajustar la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio del 20-30% podría situarse la base del consenso.

La siguiente cuestión que se plantea al hilo de esa definición, es el papel de los pequeños agricultores, pues unos 300.000 agricultores y ganaderos podrían quedar fuera de la definición de agricultor genuino. Sin embargo, su papel social y medioambiental es muy importante en zonas muy amplias del país. De ahí que el Ministerio considere necesario mantener un régimen específico para ellos.

Para el ministro Luis Planas, en ocasiones es más importante la aportación medioambiental y social de estos agricultores que el valor económico de su actividad, razón por la cual «hay que encontrar un modelo de gestión de ésta, tan importante para el medio rural».

La propuesta ministerial es un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. Esto permitiría alcanzar a casi la mitad de los solicitantes de ayudas de la PAC.

A partir del 1 de enero de 2023, momento en el que entrará en vigor la nueva PAC, la ayuda básica a la renta sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual mientras que Castilla y León apuesta por llegar hasta el 70%.

El tema de la regionalización no será sencillo pues en estos momentos España cuenta con 50 regiones, «algo que la Comisión Europea no va a aceptar» dado que apuesta por reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna.

«El Ministerio dice que en 2027 todas las hectáreas de una misma región tendrán que cobrar lo mismo y terminará con los derechos históricos que son referencias de hace 20 años. No sé si un agricultor recibirá más o menos, pero la ayuda dejará de ser nominal, por persona, y será por hectárea. Ahí habrá un debate importante», adelanta Trenzado.

En cuanto a la limitación de cobros, España está de acuerdo con el techo de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.

Otro término que se ha introducido en la nueva propuesta es el de los ecoesquemas, voluntarios para agricultores y ganaderos, pero que representan «una buena oportunidad para alcanzar el objetivo de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030, uno de los objetivos de la estrategia 'De la granja a la mesa'», indican desde el Ministerio. Una estrategia que por cierto, todavía no está cerrada y que se va a encontrar como primer problema las importaciones, lo de siempre, las exigencias de producción de otros países y las de la Unión Europea.

Trenzado añade que los ecoesquemas «pretenden ser un sistema relativamente sencillo para que se pueda cumplir y dé resultados». La clave va a estar en el porcentaje de la ayuda, si se situará en el 20% o por encima, «es voluntario y si lo cumples tendrás esta ayuda compensatoria. Nosotros creemos que los ecoesquemas sí que tendrían que tener un incentivo y que se pudieran justificar por colectivos, por ejemplo, cooperativas pues el impacto medio será mayor, más verificable y eficiente y menos costoso que si uno va por libre».

El experto concluye que más allá del debate político «se puede mantener la ficha financiera y tener cifras inadecuadas porque el debate va a ser presupuestario, pero hay una reforma que implica adaptar medidas y objetivos. No se trata de cumplir con la reglamentación sino una política de resultados».

Otra herramienta a la que se está haciendo referencia constantemente es la 'next generation', el nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, y «en el que el sector agrario debería participar pero no es para hacer lo de siempre».

Pero la PAC es un mundo y hay quien echa de menos otra serie de cuestiones. «Es preocupante que siga sin haber ninguna propuesta de gestión de crisis de mercado», manifiesta José Manuel Domínguez, técnico de Urcacyl. Recuerda mecanismos recientes como el almacenamiento privado, «que han resultado poco efectivos; se ha visto que se necesita un fondo de crisis».

A pesar de los muchos perfiles ganaderos que existen en la región, en el caso de los ecoesquemas, todo apunta a que solo serán viables para la ganadería extensiva, «no consideran otras producciones por lo que la ganadería sale perjudicada a pesar de que otras ganaderías están haciendo muchas cosas, por ejemplo, para reducir emisiones».

Sobre la mesa, además, el segundo pilar, el de los programas de desarrollo rural (PDR) y en el que se incluyen apuestas de futuro y de viabilidad como son la incorporación de jóvenes y mujeres o las modernizaciones. Habrá que ver cómo se desarrolla a través de una estrategia común pues a pesar de que existirán 17 PDR, uno por Comunidad, el resultado tendrá que ser común porque los objetivos serán de España. Domínguez hace igualmente referencia al «detallado» informe que se ha elaborado desde el Ministerio, con la colaboración de las autonomías, para dibujar la situación de cada sector y así tomarlo como referencia a la hora de aplicar esta política común.