PP y Podemos elevan de diez a quince millones el futuro tributo sobre Garoña

El PP ha incorporado en el debate de las enmiendas parciales dos de Podemos y una suya. El proyecto de ley salió de la comisión parlamentaria rumbo al pleno con el voto favorable del PP, la abstención de Podemos y el no del PSOE, Cs e IU-Equo, cuyo portavoz valora abstenerse en la votación definitiva que tendrá lugar en el pleno, mañana. El PP necesita al menos la abstención de un procurador de la oposición para que la ley salga adelante, puesto que hay un empate a 42 escaños.

El texto redactado por el equipo de Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, planteaba un pago de 4.000 euros por cada varilla de óxido de uranio y se ha elevado esta cuantía a 6.000 euros, incrementando finalmente los 5.000 que planteaba Podemos en su enmienda.

La otra propuesta del grupo morado que el PP ha aceptado incluir cierra la puerta a un posible impago del impuesto si Nuclenor acaba en una situación de insolvencia, al hacer «responsables subsidiarios» a los accionistas con más del 5% de representación. La tercera y última enmienda incorporada es una corrección que el PP ha realizado sobre la marcha para intentar atajar uno de los reparos que tanto el Consejo Consultivo como la propia Asesoría Jurídica de la Junta plantearon de forma previa y que no había sido atendido: la retroactividad del cobro.

El Gobierno de Juan Vicente Herrera ha presupuestado como ingresos para este año 10 millones de euros por este impuesto. Pensaba liquidar el año entero. Pero los informes previos firmados por Ignacio Sáez Hidalgo, director de los Servicios Jurídicos autonómicos, y Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo, llaman la atención sobre la posible inconstitucionalidad del efecto retroactivo. No se liquidará el año completo, sino la parte proporcional desde la entrada en vigor, que no llegará a dos meses.

Castilla y León plantea gravar el «riesgo de alteración del medioambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en la comunidad». La Asesoría Jurídica y el Consultivo alertan sobre el peligro de que se produzca una «doble imposición» y «solapamiento», al haber gravado el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 el depósito de residuos nucleares, además de apuntar la posible «fricción» con competencias estatales. El listado de reparos no termina ahí. El Consejo Consultivo encuentra, en una norma que es fiscal, dificultades para «determinar la cuota tributaria» y detecta falta de precisión en la configuración del tributo.

El dictamen concluye que el argumento de la Junta de que el impuesto pretende disuadir del depósito de residuos radiactivos para forzar su traslado a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) es «complicado de sostener» porque esta instalación no existe (el proyecto manchego de Villar de Cañas está bloqueado y eso «impediría influir en la conducta del obligado (el pagador)». Supondría más una «sanción» que un mero tributo.

El impuesto es de afección medioambiental y su recaudación debe emplearse en «inversiones» para infraestructuras de ese ámbito. El Consejo Consultivo echa en falta informes técnicos y que la Junta no diera en su día «audiencia» a la Administración estatal en las fases previas de elaboración de esta norma. Desde la Consejería de Economía y Hacienda destacaron este lunes que habían modificado aspectos de la norma «fruto de esas observaciones».