El pleno decide por unanimidad retirar el título de alcalde honorífico a Franco

Todos los grupos adoptaron por unanimidad el acuerdo, si bien desde el equipo de gobierno se insistió en que el propio pleno municipal declaró «ya vacante» el título de alcalde honorario de la ciudad cuando se decidió otorgárselo «con carácter exclusivo» al rey Juan Carlos I de España en 1982, además de que el nombramiento a Francisco Franco «se extinguió con su muerte».

No obstante, la controversia en el debate llegó con la decisión del equipo de gobierno municipal de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCyL en los apartados referidos a la retirada del Monumento a la Unificación, situado en el paseo de Torres Villarroel junto al parque de Salesas, y del mural del salón de plenos del Ayuntamiento de Salamanca en el que figura la efigie de Francisco Franco.

Tal y como aseveró el portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Rodríguez, el recurso se presenta por considerar que «a la escultura realizada por Núñez Solé y al mural realizado por Ramón Melero no les es aplicable la Ley de Memoria Histórica», en el primer caso por «haberse retirado la simbología franquista en 1986» y, en el caso del mural, por «ser una obra pictórica cuyas razones artísticas no hacen aplicable la Ley», además de que «no constituye exaltación de la dictadura ni de Franco».

Sin embargo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, consideró que la decisión del recurso se toma «en contra de una sentencia judicial y de los informes de los técnicos municipales» que, a su entender, reflejan que «la obra no tiene valor artístico y se debe eliminar», por lo que pidió al equipo de gobierno «voluntad política» para retirar mural y escultura porque, sino, «impiden que España avance en el mismo sentido que Italia o Alemania, donde sería inimaginable tener en un salón de plenos una imagen de Hitler o Mussolini».

También crítico se mostró el concejal de Ganemos Salamanca, Gabriel Risco, quien consideró la decisión de poner un recurso de casación ante el Tribunal Supremo como «doblemente antidemocrática», puesto que señaló que «un dictador como Franco no puede estar en el lugar de representación de la democracia que es el salón de plenos» y porque la decisión de recurrir la sentencia del TSJCyL se tomó, en su opinión, «en contra de la mayoría de la corporación».

Por último, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Alejandro González, recordó que «en el acuerdo programático con el Partido Popular, recogíamos la retirada de los honores que quedaban al dictador Francisco Franco en la ciudad», por lo que consideró la retirada del título de alcalde de honor como «un paso más para abandonar una época negra y situarse dentro del espíritu de reconciliación y concordia que guió la Transición española».