El plazo de los ERTES se amplia para dar seguridad a las empresas y proteger a los trabajadores

La Consejería de Empleo e Industria ha ampliado en cinco días, hasta un total de diez, el plazo máximo de resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor que tengan su causa en el Covid-19. La avalancha de solicitudes de ERTE recibidas por la Junta hacía prácticamente imposible su resolución en los cinco días estipulados por el Gobierno en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, un plazo que, por otra parte, coincidía con el que tiene la Inspección de Trabajo para constatar la existencia de fuerza mayor.

Hasta hoy, las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta han recibido 25.986 solicitudes de ERTE que afectan a 144.441 trabajadores en la comunidad autónoma. Y es que en apenas dos semanas se ha producido la suspensión generalizada de la mayor parte de las actividades productivas y están con su empleo suspendido por uno de estos expedientes en torno al 15% de los ocupados de Castilla y León.

El consejero de Empleo, Germán Barrios, ha adoptado la decisión de ampliar el plazo de trámite amparado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que determina que, de manera excepcional, ante una situación de agotamiento de los medios, es posible empliar plazo máximo de resolución. Además, insiste en su petición al Ministerio de Trabajo de que «elimine la obligación de constatación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral en el caso de las actividades recogidas en el decreto del estado de alarma y la sustituya por una declaración responsable de la empresa». No obstante, mantiene su voluntad de agilizar y simplificar al máximo la tramitación de todos los ERTE.

Aun cuando el objetivo declarado por la Junta es el de dar seguridad jurídica a las empresas y evitarles sanciones, la patronal regional, Cecale, mostró su «preocupación» ante la resolución, al entender que conduce a «una situación más extrema y de mayor confusión y resulta incoherente y contradictoria con la propia actuación del órgano autonómico que, pese a que ya preveía» el incremento en el volumen de expedientes, «se comprometió el pasado 25 de marzo, en el acuerdo firmado con los agentes del Diálogo Social, a resolverlos a la mayor brevedad posible».

Cecale interpreta la ampliación del plazo como una consecuencia de la «innumerable normativa que viene dictándose por parte del Gobierno central, en muchas ocasiones, improvisada y contradictoria», pero advierte de que no hará sino «agravar la situación en la que se encuentran las empresas».

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