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La Junta de Castilla y León apuesta por integrar en su totalidad el transporte escolar con el regular, lo que permitirá que las plazas libres en las rutas escolares puedan ser utilizadas por el público general. «Se ha hecho esa prestación conjunta. Era absurdo ... que dos vehículos fueran a buscar a los niños y después a los padres y a los abuelos, y volvieran semivacíos los dos. Eso no es compromiso con el medioambiente ni con la eficiencia del gasto público. Por eso, hemos integrado las rutas escolares y de uso general», señaló ayer el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la presentación de las bases del nuevo Mapa de Ordenación, el instrumento que desarrollará la Ley de Transporte Público de viajeros por carretera aprobada el pasado mes de diciembre en las Cortes regionales. Los escolares que tengan reconocido el derecho a un transporte gratuito dispondrán de preferencia absoluta en la reserva de plazas y las rutas escolares serán diferentes cada curso, en función del lugar de residencia de los alumnos.
La integración del transporte escolar es una de las novedades del nuevo Mapa de Ordenación que debe aprobarse en el plazo de un año desde que la ley entre en vigor el próximo 3 de julio de 2019. «El transporte público es la base para acceder a los servicios básicos en un territorio tan extenso y orográficamente tan complejo como el de Castilla y León. Sin él, nuestro medio rural no tendría futuro», dijo ayer Suárez-Quiñones.
Fomento potenciará el transporte a la demanda frente al regular para responder a uno de los grandes objetivos de la ley: la accesibilidad universal. «Tiene que llegar a todos los núcleos de población de Castilla y León, algo que ahora no sucede», apuntó el consejero. En el documento sobre el que se trabaja queda recogido que el transporte a la demanda adquirirá «un papel preponderante» y se incrementará en un 78% hasta equivaler al 50% de la oferta del transporte regular.Esto supondrá atender a más de 1,7 millones de usuarios por año. Las rutas que presenten menos de 4.500 viajeros a anuales pasarán a prestarse bajo la modalidad de transporte a la demanda. Toda la gestión del transporte regular se efectuará a través de una Autoridad Única se crearán entes supralocales de coordinación con los Ayuntamientos.
El nuevo Mapa de Ordenación del Transporte Público busca una cobertura total de la población de Castilla y León, una región que cuenta con 92.224 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la más amplia de España y la tercera más extensa de Europa. Los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales y se coordinarán con la red de transporte ferroviaria. Las concesiones con las empresas se reducirán de las 148 actuales (más 77 autorizaciones especiales) a 80. En diciembre de este año vencen las concesiones actuales, que ya no pueden ser prorrogadas, según las normas europeas. Actualmente, el sector del transporte público de viajeros en autobús cuenta con 2.315 empresas, implica a 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y 3.000 de forma indirecta, según datos de Fomento.
«La declaración de servicio público del transporte de viajeros de Castilla y León no es baladí. Lleva implícita el mantenimiento del modelo de financiación y la sostenibilidad. Nosotros debemos cubrir el déficit de explotación, como venimos haciendo», subrayó Ignacio Santos, director general de Transportes. Ese déficit se cubre con más 6,8 millones anuales de las arcas públicas.
«Entendemos que no hay ningún tipo de tensión respecto a las competencias del Estado y de la Junta y que la ley está perfectamente armada», apuntó ayer, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero de Fomento contestaba de esta manera a la posibilidad de que algunos puntos de la Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla yLeón entren en conflicto con las competencias estatales y puedan ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. «En esta ley han intervenido muchos filtros jurídicos y técnicos, algunos incluso ajenos a la propia administración autonómica, y eso ha depurado cualquier tipo de colisión. Ahora nos encontramos en un escenario de llegar a un acuerdo bilateral con el gobierno sobre su aplicación para que no quede ninguna sombra de duda», añadió Suárez-Quiñones.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, apuntó a esta posibilidad durante la reunión bilateral Gobierno-Junta celebrada el pasado 18 de febrero. Batet señaló que las dos administraciones buscaban una «fórmula interpretativa para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad por un artículo en el que se establece una regulación respecto a las tarifas» en la Ley de Transporte Público de viajeros por carretera.
«No va a haber ningún problema. Se va llegar a esa concordia en la interpretación», insistió ayer Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La ley fue aprobada el pasado 20 de diciembre por las Cortes de Castilla y León sin votos en contra y con solo cinco abstenciones. «Tiene unos objetivos claros: poner a las personas por delante. Es una ley de consenso, para implicar lo rural y lo urbano. Pretende una accesibilidad universal y, por primera vez, establece un catálogo de derechos para los usuarios, que pueden reclamar ante los tribunales. Es, también, una ley que introduce las nuevas tecnologías, que apuesta por la calidad del servicio público y que lucha contra el cambio climático. El transporte a la demanda ha ahorrado en torno a 8 millones de litros de combustible de vehículos vacíos por nuestro territorio», expuso el consejero de Fomento.
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