El plan de listas de espera de las pruebas de diagnóstico aún tardará más de un año

El proyecto de la Consejería de Sanidad era el de haber puesto en marcha a finales del pasado año 2017 todo este plan de tiempos máximos y de publicación de las listas de espera en técnicas diagnósticas. No pudo ser y el primer paso será a finales de año. Ahora, las dificultades de un análisis de tiempos reales, de formas de registro y de sistemas informáticos para conocer la situación de partida se ha complicado más de lo esperado y retrasará su puesta en marcha durante meses. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, no ha querido volver a poner una fecha de desarrollo e implantación de este plan y ha insistido en que prefiere «hacer las cosas bien, que el contenido esté perfectamente definido antes de ponerlo en marcha».

A este respecto, el director general de Innovación Tecnológica y Equipamientos de la Consejería de Sanidad, Rafael Sánchez, explica que «hay que hacer un buen análisis de la situación. El sistema de información actual no tiene una fiabilidad muy elevada. Hay que ordenar los casos». Destaca que el punto de partida son los criterios regulados sobre el registro de listas de espera en un Real Decreto estatal y también en normativa autonómica y en una instrucción de Sacyl. Pero la forma de registrar una entrada en lista de espera para una determinada prueba no es homogénea, no hay un mismo sistema de solicitud de la técnica ni informes únicos ni un sistema informático adecuado. «Ahora, una petición llega al buzón de la administración de un hospital; pero esto no está integrado en el sistema informatizado general».

Mientras en cirugía «estamos hablando de 67.000 intervenciones al año programadas; en pruebas de diagnóstico y consultas son en torno a los seis millones. Mecanizar esto es muy complicado, hay más variabilidad que con las operaciones y queremos que el decreto de garantías que diseñemos sea ágil, potente y fiable como sistema de información», destaca Rafael Sánchez.

Por poner un ejemplo, explica este responsable sanitario, «cuando un médico hace la indicación de un TAC para una misma persona que incluya cabeza, tórax y abdomen, en unos hospitales figura como un solo examen y en otros, como tres. Hay que homologarlo».

Además, «algunas pruebas que son solo de control, esto es muy habitual en Oncología, figuran como primera, de diagnóstico inicial y no es lo mismo». A la hora de cumplimentar en pruebas de diagnóstico los campos de un programa informático, hay formatos diferentes, duplicidades, pruebas aplazadas y que figuran dos veces, en ocasiones aparecen como pruebas y en otros registros como pacientes».

En definitiva, Sacyl reconoce que se ha encontrado con tal variabilidad de registros y maneras de hacer que, el primer paso, es el de ordenar, después el de conocer la situación real para finalmente poner orden y concierto a las solicitudes, por prioridades y con mayor agilidad y sin tiempos muertos.

Para ello, y es en lo que trabaja actualmente la Gerencia de Salud, «hay que desarrollar un sistema informático de registro desde el origen de la prescripción a integrado dentro de los demás sistemas. No es fácil». También hay que asegurarse de que todos los centros disponen de dispositivos para después poder publicar las listas de espera y, lo último, será el decreto de garantías de demoras máximas».

Una historia clínica única, protocolos y guías clínicas unificadas, pruebas de diagnóstico y terapéuticas no duplicadas y coordinación y diálogo continuo entre niveles asistenciales será el resultado.

Para el diseño del gestor de peticiones, explica Rafael Sánchez, «hay un grupo de trabajo con radiólogos, internistas, informáticos –de dentro de la consejería pero también una empresa externa– para que todo ello esté vinculado a la historia clínica, al Jimena de los hospitales y al Medora de los centros de salud».

El volumen es enorme, son 4,4 millones de pruebas de diagnóstico al año, sin incluir la radiología simple (que suma hasta más de seis millones), solo TAC, resonancias magnéticas y ecografías y 1,4 de consultas, según datos de Sacyl.

El Ministerio de Sanidad no tiene una aplicación de estas características ni en otras comunidades que permitieran partir de un modelo, «solo experiencias puntuales en algún hospital por lo que hay que crearlo casi todo».

Rafael Sánchez confía en poder poner en marcha, a finales de este 2018 –un año después desde la fecha prevista–, la publicación de las listas de espera y, posteriormente, proceder a implantar el decreto de demoras máximas que «funcionará también con la indicación de preferente para los casos más graves, que será en menos de 20 días para una resonancia magnética prioritaria». Este directivo de Sacyl considera que una mejor resolución de pruebas de diagnóstico y de consultas no se traducirá en más lista de espera quirúrgica, sino que apuesta «por reorganizar la asistencia, lograr una mayor efectividad».

Una vez implantado el plan Perycles de listas de espera de intervenciones quirúrgicas, el de pruebas es el siguiente paso;pero la demora en algunos casos es realmente espectacular, no ya de meses, sino de años en algunos casos.

La sanidad de Castilla y León ha multiplicado por diez las listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas al pasar de las 2.300 personas registradas en 2011, durante la crisis, a las 19.384 censadas en junio de 2017, según datos aportados por el PSOE de respuestas parlamentarias en las Cortes regionales. También aumentó en casi el triple, la de las consultas para el especialista, desde 52.000 pacientes en 2011 hasta los 129.714 en junio.

En el caso de las consultas externas, la Junta se plantea dos cuestiones como imprescindibles para su reducción: el control de la derivación de pacientes a las citas hospitalarias mediante protocolos consensuados y los programas de formación continuada. Las prioridades en el caso de las consultas externas no están tan reguladas como las de la lista quirúrgica y el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, solo establece como prioridad 1 la solicitud preferente para aquellas consultas que deben realizarse en un periodo máximo de 15 días y la prioridad 2 para las solicitudes ordinarias, sin periodo máximo.