Castilla y León
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La idea le gustó a Pedro Sánchez cuando se la escuchó a Juan Vicente Herrera el pasado mes de noviembre: aprovechar el programa estatal de aulas conectadas para impulsar la banda ancha en los 2.248 municipios de Castilla y León. El plan contemplaba ... una aportación de 50 millones procedente del Estado y 25 de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, ha quedado en agua de borrajas ante la falta de Presupuestos Generales. «Nosotros podíamos hacerlos mediante modificaciones presupuestarias, pero el Estado dice que no lo apoya y lo entiendo. Si el Gobierno central no pone ese dinero encima de la mesa no podemos firmar el convenio. Sí que hemos quedado en dejar por escrito que es una prioridad política para los dos, con la idea de que los gobiernos que vengan hagan un convenio de esta naturaleza », explicó este lunes el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, tras reunirse con Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública. Esta comisión bilateral de cooperación entre la comunidad de Castilla y León y el Estado no se celebraba desde el año 2010.
«Los dos gobiernos coincidimos en la necesidad de impulsar la banda ancha en el medio rural. Es una condición 'sine qua non' para vertebrar el país y reequilibrar nuestro territorio. Debe estar dotada de fondos económicos importantes y así lo preveían los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Lamentablemente, no se podrán tramitar. Esperemos que en unos meses podamos tener la inversión en banda ancha, ya que la primera medida del presidente Sánchez si gana las elecciones será volver a presentar los Presupuestos», expuso Batet. De momento, el compromiso del Gobierno central es seguir aplicando el plan estratégico de banda ancha, que destinó en la comunidad 19,44 millones de euros durante 2018, y apoyar «la reprogramación de fondos europeos en Castilla y León que no hayan sido ejecutados en otros programas».
La reunión entre la Junta y el Gobierno central sí dejó un compromiso más explícito y que satisface una de las demandas del ejecutivo regional: Castilla y León contará con mayor representación en los órganos de gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero. «Hemos adquirido el compromiso de modificar el decreto de 2011 para modificar la composición de la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana. El acuerdo prevé que el número de miembros del Gobierno de España sea el mismo que el de Castilla y León, ocho para cada una de las partes. Además, habrá representación de las otras comunidades autónomas afectadas», señaló Batet.
«Pasaremos de cinco a ocho», confirmó De Santiago-Juárez durante su comparecencia. «Dispondremos de más peso en la planificación. Resulta fundamental porque teníamos ninguno.Es muy importante para nosotros», incidió el vicepresidente.
Los ejecutivos central y autonómico avanzaron sobre el Plan de Convergencia Interior que elabora la Junta para determinar las prioridades de inversión. «Nos parecía importante firmar un acuerdo para establecer una buena coordinación y ver qué prioridades marcamos. Hemos comprometido la creación de un grupo de trabajo», subrayó Batet.
De Santiago-Juárez explicó también que el Gobierno central se ha comprometido a impulsar una reforma urgente para evitar los problemas que supone la desaparición de la figura de los secretarios de las entidades locales menores, medida que adoptó el gobierno de Rajoy en 2018 y con la que la Junta se ha mostrado en desacuerdo. «En julio empiezan a tomar posesión los alcaldes de pedanías. Si no hay secretarios, ¿quién da fe?», se preguntó el vicepresidente. «Eso se hace modificando el Real Decreto, que harán ahora de forma urgente», finalizó De Santiago-Juárez.
La ministra Meritxell Batet destacó este lunes la «baja conflictividad» entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León, una situación que se refleja es la inexistencia de recursos de inconstitucionalidad entre administraciones. En ese sentido, Batet recordó que la ley aprobada por la Junta para gravar los residuos almacenados en la central de Garoña está siendo objeto de estudio para evitar los problemas que genera una doble imposición tributaria. «El procedimiento está abierto en el Ministerio. Llevan muy poco tiempo. Siempre hemos sido capaces de llegar a acuerdos interpretativos de las normas aprobadas por Castilla y León. Vamos a esperar que en este caso también sea así», confió la ministra de Política Territorial y Función Pública.
«Si de algo estamos satisfechos es de la subcomisión de prevención de conflictos. Nunca hemos acabado en el Constitucional», se felicitó el vicepresidente de la Junta. «Si la ley fuera claramente inconstitucional, iría directamente al Tribunal», añadió José Antonio de Santiago-Juárez.
Además de esta norma aprobada por el gobierno regional, la ministra Batet apuntó que otra ley, la de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, también será analizada. «Queremos encontrar una fórmula interpretativa para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad. En concreto, hay un artículo donde se establece una regulación respecto a las tarifas. Parece que esto puede tener algunos problemas de competencias. Por lo tanto, tenemos que acabar de analizar qué interpretación le podemos dar para que no conlleve ningún problema competencial entre el Estado y la comunidad autónoma. En todos estos procedimientos, denominados 33.2 por el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, siempre hemos alcanzado acuerdos con el gobierno de Castilla y León», recordó Batet.
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